Como parte de la funciones propias de las dependencias ambientales
de los gobiernos de los estados, se han puesto en operación
programas muy específicos que promueven la preven-ción
como ingrediente fundamental en el control y eliminación
de la contaminación. Dentro de estos esfuerzos se puede
mencionar el Programa “Coahuila Limpio” y el premio
“Chihuahua al esfuerzo ambiental", además
de varias iniciativas estatales sobre programas voluntarios
de prevención de la contaminación por medio
de incentivos, realizados por los estados de Chi-huahua, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas conjuntamente con el estado
de Texas.
Prevención de contingencias y respuesta a emergencias
En contraste con el resto del territorio nacional, la zona
fronteriza norte reviste una serie de particularidades en
cuanto a los riesgos existentes para las poblaciones asentadas
a lo lar-go de la línea divisoria.
En primera instancia, la frontera enfrenta prácticamente
toda la gama de posibles riesgos: desde las lluvias invernales
intensas y los sismos en Baja California, pasando por las
tem-peraturas extremas y zonas altamente industrializadas,
hasta los peligros de inundaciones por el Río Bravo
y los huracanes para las poblaciones asentadas sobre dicho
cauce y para las cercanas al Golfo de México. Un hecho
que agrava muchos de los riesgos son las con-diciones de hacinamiento
en zonas peligrosas de las ciudades como resultado de la inmi-gración
constante en busca mejores condiciones de vida del sur, tanto
por la demanda de mano de obra en las ciudades fronterizas
mexicanas como la motivación para cruzar al lado estadounidense.
Además de los riesgos propios de su ubicación
geográfica y de sus diferentes grados de industrialización,
las ciudades fronterizas también acusan los peligros
del tráfico de materia-les y residuos peligrosos que
resultan de los intercambios comerciales con el país
vecino. En este movimiento de materiales, la situación
de respuesta de emergencia se vuelve más compleja porque
se involucran las características de recursos y regulaciones
de dos países diferentes. En el lado mexicano, es crónica
la carencia, casi generalizada, de recursos y de regulaciones
claras, sobre todo en materia de protección civil mientras
que en el lado nor-teamericano se tiene una mayor afluencia
de recursos y las regulaciones en esta materia se encuentran
en un nivel importante de ejecución, aunque no deja
de reconocerse que, a la fecha, para muchos de los peores
escenarios posibles aún no se tiene una certidumbre
adecuada en la respuesta requerida.
A partir del Acuerdo de La Paz que enmarca una zona para la
cooperación en el campo de la protección ambiental
en la faja fronteriza, se han venido desarrollando esquemas
de co-operación en materia de preparación y
respuesta a contingencias ambientales. Las accio-nes han sido
sobre las bases de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo,
y entre ellas se incluye la instrumentación de un marco
para el desarrollo de un sistema de notificación para
situaciones de emergencia. En el anexo II del mencionado acuerdo,
firmado un año des-pués en 1984, se establece
el "Plan Conjunto de Contingencias México-Estados
Unidos" referente a los incidentes de contaminación
por descarga de sustancias peligrosas.
Existe el compromiso, por ambas partes, de desarrollar los
planes de respuesta que permi-tan detectar la presencia de
una emisión grave de materiales peligrosos, o la posibilidad
inminente de que ello ocurra dentro de sus áreas respectivas,
y prever medidas adecuadas para eliminar el riesgo y cualquier
efecto adverso a la salud de las poblaciones.
Dentro del Programa Integral Ambiental Fronterizo (1992-94)
se instrumentó el Programa de Trabajo para la Prevención
de Contingencias y Respuesta a Emergencias. Uno de sus obje-tivos
básicos fue el establecimiento de planes de contingencia
conjuntos entre ciudades vecinas. El Programa Frontera XXI,
lo retoma y le da un impulso para buscar que todas la ciudades
hermanas definidas como prioritarias (tipo uno) cuenten con
un plan conjunto de contingencia a emergencias.
Los aspectos concretos de las acciones en materia de contingencias
transfronterizas se han ido definiendo mediante diversas formas
de organización y notificación; uno de los elemen-tos
claves de este nivel de respuesta son las organizaciones locales
de protección civil y de atención de emergencias.
Dentro del sistema mexicano de respuesta, se cuenta con el
Sis-tema Nacional de Protección Civil, organización
creada por decreto el 6 de mayo de 1986, que se constituye
por los tres niveles de gobierno a través de sus estructuras,
programas, relaciones funcionales, métodos y procedimientos
que involucra además, a los sectores privado y social,
con el objeto de proteger y conservar a la persona y a la
sociedad, así co-mo sus bienes y entorno ante la eventualidad
de un desastre.
Con el paso del tiempo, las unidades estatales y municipales
se han establecido a través de la frontera norte, con
un grado variable de efectividad, constituyéndose como
la parte orga-nizativa y de planeación, en el ámbito
local, de la primera respuesta y donde los cuerpos de bomberos
y de ambulancias representan la parte operativa de este esquema
de respuesta de emergencia.
Se puede afirmar que aunque las poblaciones mexicanas mencionadas
cuentan con una estructura de protección civil dentro
de su nivel de gobierno municipal y que sus respectivos estados
también disponen de una organización similar,
la jerarquía que ocupan dentro de las esferas de sus
respectivos gobiernos así como su grado de equipamiento
en cuanto a recursos humanos y materiales son muy variables.
Algunas de ellas se encuentran relega-das a un nivel de tercera
o cuarta jerarquía, con escaso personal, normalmente
uno o dos personas y pobremente equipadas. Esta situación
se da en las poblaciones más pequeñas con un
presupuesto muy escaso.
En las poblaciones más grandes, las funciones de protección
civil tienen un mayor grado de reconocimiento como consecuencia
de una mejor respuesta de los sistemas políticos loca-les
a desastres o continencias. La ocurrencia de algún
evento de esta naturaleza ha moti-vado a las autoridades locales
a instaurar o apoyar la función aunque todavía
se puede ad-vertir que la jerarquía que ocupan, en
la mayoría de los casos, no es la idónea.
Las ciudades que se han destacado por una mayor actividad
en la planeación y estructura-ción de los sistemas
de respuesta destaca, en primer lugar, la ciudad de Matamoros,
Tamps., en donde desde principios de la década de los
ochenta, se instituyó un Comité Lo-cal de Ayuda
Mutua (CLAM), a instancias de varias industrias preocupadas
por las implica-ciones que se pudieran tener como consecuencias
de emisiones de materiales peligrosos. Este esfuerzo fue encabezado,
entre otros, por la empresa Química Flúor y
antecedió, in-cluso, a las iniciativas oficiales, tanto
en materia de protección al ambiente así como
de protección civil.
Al principio de los años noventa se instituyó
la función de protección civil en esa ciudad,
la cual ya disponía de un sistema de respuesta de emergencia
consolidado a través del CLAM. En 1993, se efectuó
un encuentro de Presidentes Municipales en Matamoros para
analizar las necesidades que se tenían de cara las
posibles contingencias que pudieran darse en las ciudades
fronterizas.
Ese evento representó el inicio de una serie de reuniones
con el mismo propósito. Los traba-jos incluyeron un
simulacro en los patios aduanales que mostró el grado
de avance del CLAM en esa ciudad. A la fecha, el CLAM de Matamoros
sigue siendo una de las organizaciones ejemplares para este
tipo de esfuerzos. Por lo que se refiere a los cuerpos oficiales
de emer-gencia, bomberos y ambulancias, continúan teniendo
fuertes obstáculos para su desempeño, particularmente
en equipo y personal. En cuanto al entrenamiento, la concurrencia
del propio CLAM y de algunos programas de capacitación,
algunos de ellos promovidos por agencias norteamericanas,
permiten asumir que se tiene un nivel aceptable de conocimientos.
Respec-to a la coordinación binacional, se cuenta ya
con un plan de contingencias conjunto.
La Unidad de Protección Civil de Ciudad Juárez
comenzó sus funciones como entidad ofi-cial a finales
de 1992 como producto de una serie de explosiones que ocurrieron
en el sis-tema de distribución de gas natural de la
ciudad.
A fines de 1993, se efectuó en esa ciudad una reunión
similar a la de Matamoros, pero esta vez se contó con
la asistencia de algunos alcaldes de las ciudades vecinas
norteamerica-nas. En esa reunión, que fue presidida
por el Secretario de Gobernación, se realizó
un simulacro de incendio en la Terminal de Ventas de PEMEX
que marcó el inicio del CLAM en Ciudad Juárez.
Con el cambio de administración municipal, en 1995,
la Unidad de Protec-ción Civil incorporó en
su estructura a los cuerpos de bomberos y de ambulancias municipa-les,
hecho que vino a constituir un avance significativo y ejemplar
en cuanto a organización. A la fecha, con el cambio
de administración municipal, se retrocedió nuevamente
a los vie-jos esquemas de situar a los bomberos y ambulancias
en Seguridad Pública aunque, por otro lado, la función
de protección civil se ubicó en un lugar adecuado
de la estructura muni-cipal, al constituirse, junto con la
función de control ambiental, en una dirección
de primer nivel denominada Dirección General de Ecología
y Protección Civil. En cuanto a la capaci-dad de respuesta,
el cuerpo de bomberos recientemente fue equipado con las herramientas
básicas para un respuesta ante accidentes químicos,
ha sido capacitado, en varias ocasio-nes por diferentes organizaciones,
principalmente norteamericanas y cuenta un nivel acep-table
de entrenamiento. Por otra parte, el CLAM ha fortalecido,
a través del tiempo, de ma-nera muy importante y cuenta
con la participación de empresas paraestatales y de
industrias privadas locales. En cuanto a la situación
binacional, se elabora un plan de con-tingencias aún
no concluido y cuya instrumentación se encuentra pendiente.
La ciudad de Mexicali se caracterizó, durante muchos
años por ser la mejor equipada en cuanto a su cuerpo
de bomberos. La fuerza de trabajo está constituida
por bomberos de paga y voluntarios, sumando varios centenares.
El número de estaciones también es grande y
se daba el caso de que, al contrario de lo que se podía
esperar, no era extraño que los bombe-ros de Mexicali
pasaran al lado americano a colaborar en el combate de algún
incendio.
En cuanto a su capacidad para la atención de accidentes
químicos, cuentan con un buen grado de avance con personal
y equipo. La función de protección civil se
encuentra inscrita dentro del propio cuerpo de bomberos. El
grado de integración del Comité Local de Ayuda
Mutua industrial aún requiere de mayores esfuerzos.
En cuanto a la coordinación binacio-nal, las ciudades
de Mexicali y Caléxico desarrollaron el primer acuerdo
de ayuda mutua, permitiendo el paso de unidades en cualquiera
de los dos sentidos. Es el primer acuerdo binacional de carácter
local y completamente operativo. La ciudad de Tijuana cuenta
con una Unidad de Protección Civil que recibe una gran
cantidad de apoyo técnico de diversas organizaciones,
locales y del lado americano. El Colegio de la Frontera Norte
ha desarrolla-do un Sistema de Información Geográfica
sobre las áreas de riesgo de la ciudad. La serie de
problemas que ha experimentado la ciudad en materia de fenómenos
hidrometeorológi-cos, principalmente a fines de 1992,
y el constante riesgo sísmico, han tenido como conse-cuencia
el fortalecimiento de la función. Por lo que se refiere
a la respuesta binacional, se cuenta con un sistema de notificación
entre los responsables de protección civil en Tijuana
y el condado y ciudad de San Diego. Sin embargo, el desarrollo
del plan de contingencias conjunto aun se encuentra en un
grado de avance incipiente. En otras ciudades de tamaño
medio, se han iniciado esfuerzos para fortalecer los esquemas
de atención a emergencias. Es importante resaltar que
a nivel local, por las relaciones personales de los responsables
de las áreas de protección civil, ha operado
la ayuda mutua. Aunque esta situación se pre-senta
a lo largo de la frontera, la región este de la misma
se caracteriza por el mayor desa-rrollo de planes de contingencia
conjuntos para la atención a emergencias. Esta situación
se ve claramente en la siguiente tabla donde se resumen la
situación que privan en los mu-nicipios limítrofes
(sólo se incluyen los municipios de la prioridad uno).
Tabla
10.1. Comités Locales de Ayuda Mutua CLAM. Municipios
prioridad uno
Ciudad |
Existe
formalmente el CLAM |
Se
cuenta con un Plan Conjunto de Respuesta a Contingencias
Ambientales |
Tijuana |
No |
No,
se cuenta con un mecanismo semiformal de notificación. |
Mexicali |
No |
No,
se tiene un acuerdo de ayuda mutua con la ciudad de
Caléxico y el Condado Imperial. |
San
Luis Río Colorado |
No |
No |
Nogales |
No |
No,
se han tenido varios simulacros, pero no existe un procedimiento
formal y acordado sobre atención a emergencias |
Naco |
No |
No |
Agua
Prieta |
No |
No |
Palomas |
No |
No,
aunque se encuentra en un nivel muy avanzado. |
Juárez |
Sí |
No;
existe un borrador, pero no se ha podido concretar el
plan formalmente. |
Ojinaga |
No |
No |
Acuña |
No |
No |
Piedras
Negras |
No |
Sí |
Nuevo
Laredo |
No |
Sí |
Reynosa |
No |
Sí |
Matamoros |
Sí |
Si,
primer plan conjunto. |
Fuente:
Instituto de Información de la Frontera, INFOMEXUS,
1999.
A pesar de la existencia de un acuerdo general entre las dependencias
federales ambienta-les de los dos países para promover
el desarrollo de planes conjuntos a nivel de ciudades hermanas,
y un alto nivel de cooperación entre las dependencias
responsables a nivel local para atender emergencias, el desarrollo
de los planes conjuntos, en la mayoría de los casos
se ha topado con la problemática de la responsabilidad
civil que para una dependencia ex-tranjera pudiera tener la
atención a una emergencia en el país vecino.
Aplicación de la ley
Con el fortalecimiento del marco legal y la normatividad ambiental,
México ha podido avanzar en el esfuerzo de contener,
remediar y prevenir los efectos negativos a sus ecosistemas.
En México, el marco legal para atender el cuidado al
medio ambiente tiene aspectos importantes desde la década
de los 40's con la promulgación de la Ley de Conservación
de Suelos y Agua. En 1971 se adoptó la primera parte
de un legislación general, la Ley para Prevenir y Controlar
la Contaminación Ambiental, que es precedida un año
después por la creación de Subsecretaria para
el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría de Salud
y Asistencia.
En 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología (SEDUE) con lo que se bus-can un enfoque
más integral. Así mismo se promulga la Ley Federal
de Protección al Am-biente (LFPA) donde se regular
más directamente los efectos de las actividades humanas
sobre los recursos naturales, el manejo de residuos sólidos
y las descargas, integrando la perspectiva de protección
a la salud humana.
A partir de 1988 con la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su modificación
en 1996, se ha consolidado notoriamente el marco normativo
ambiental, incluyendo los cinco reglamentos, normas técnicas
ecológicas y normas oficiales mexicanas que se derivan
de la Ley General. Además, es relevante hacer mención
que to-dos los estados de la frontera norte cuentan con leyes
ambientales respectivas que están por ser modificadas
para adecuarse a los cambios introducidos en la LGEEPA de
1996.
La creación de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMAR-NAP) en 1994, ha permitido
la instrumentación de políticas ambientales
cada vez más inte-grales. También se puede hacer
notar el incremento de la participación de la sociedad
a través del ejercicio de su derecho a la denuncia
pública. En la siguiente sección se presen-tan
algunos datos relevantes al respecto.
Además, aunque han existido esfuerzos serios para atender
la problemática de la contami-nación ambiental
y los daños ecológicos en la frontera norte
desde hace algunos años, no es hasta principios de
los noventa que se han incrementado considerablemente los
esfuer-zos gubernamentales para aplicar la normatividad ambiental
en la frontera.
Como parte de la política ambiental, la PROFEPA ha
promovido y puesto en marcha dos programas: auditorías
ambientales y acciones de inspección y vigilancia.
Denuncia popular
Este instrumento de derecho de la ciudadanía permite
visualizar un aspecto del desarrollo de la conciencia de la
población ante los problemas ambientales. Si bien éste
instrumento ha sido actualizado en las reformas recientes
a la LGEEPA para facilitar su uso, así como los mecanismos
de atención a la denuncia han evolucionado para hacerla
más eficiente, los re-sultados sobre la denuncia popular
en los últimos años presentan tendencias alentadoras
sobre la participación de la sociedad en denunciar
situaciones que afectan a nuestro entorno.
En términos globales, de los periodos analizados por
PROFEPA, se ha visto un crecimiento del 41% de aumento en
el número de denuncias entre el trienio 1992-94 y trienio
1995-97. Respecto a los estados fronterizos, se observa que
cuatro de dichos estados se han man-tenido entre los diez
con mayor número de denuncias en el país. Estos
son: Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León
.
De los estados fronterizos con los que se cuenta información,
tres de esos cuatro presentan incremento en el número
de denuncias presentadas entre los trienios de 1992-94 y 1995-97.
La siguiente tabla muestra los números globales de
dichas tendencias.
Tabla
10.2. Denuncias populares presentadas ante las Delegaciones
de la PROFEPA |
Estado |
Trienio
1992-94 |
Trienio
1995-97 |
Porcentaje
de Incremento |
Baja
California |
829 |
573 |
-30 |
Chihuahua |
403 |
589 |
44 |
Coahuila |
421 |
491 |
3.5 |
Nuevo
León |
277 |
688 |
148 |
Fuente:PROFEPA,
1998. Reporte Trianual 1995-97. |
Por
otra parte, el incremento a nivel nacional de la denuncias
popular presentada ante las delegaciones estatales fue del
70% entre los dos trienios analizados recientemente por la
PROFEPA. La mayoría de las denuncias populares a nivel
nacional en el trienio 1995-97 fueron echas en forma
escrita
(52%), mientras que las denuncias por vía telefónica
u otro medio electrónico representaron el 39%, seguidas
por la denuncias hechas personalmente significaron el 7%.
Las denuncias identificadas a través de la atención
a los medios de comunicación, representaron el 2%.
El recurso sobre el cual se presentaron más denuncias
populares fue el aire, que acaparó el 30%, seguido
por el recurso forestal con 23% y por la fauna con un 22%.
Respecto al suelo y agua, estos recursos recibieron el 15%
y 9% de las denuncias populares.
Auditorías
ambientales
La auditoría ambiental inició en nuestro país
en 1992. La aplicación de auditorias es una prác-tica
saludable. Su definición implica una intervención
para revisar el funcionamiento de acuer-do a ciertas normas
particulares. Esta intervención resulta conveniente
para analizar el cum-plimiento de las normas o su mejoramiento.
El concepto, involucra el examen metodológico de las
operaciones de una empresa respecto a la contaminación
y al riesgo que generan así como del grado de cumplimiento
de la normatividad ambiental y de los parámetros internacio-nales
y de buenas prácticas de operación y de ingeniería
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas
y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.
La estrategia de auditoría ambiental incluye el Programa
Nacional de Auditoria Ambiental Industrial, que busca fortalecerlas
como instrumento voluntario de prevención y control
de la contaminación industrial a través de convenios
con las empresas. Como parte del progra-ma, la PROFEPA ha
realizado el Programa de Certificación de Industria
Limpia.
Como se ha demostrado en otros países, la aplicación
coercitiva de la legislación ambiental es una condición
necesaria pero no suficiente para lograr todo el mejoramiento
ambiental de que son capaces las empresas de hoy en día.
Si bien es cierto que unas empresas están dispuestas
a correr el riesgo de ser sancionadas a raíz de una
visita de inspección, a cam-bio de no invertir en el
cumplimiento de la ley, también es cierto que muchas
otras están dispuestas a programar inversiones para
cumplir con la ley, e incluso para ir más allá
de lo que las normas les obligan, cuando encuentran un entorno
favorable. Su carácter voluntario hace posible el examen
exhaustivo y sereno de un conjunto de procesos productivos
que es difícil revisar en el contexto de una visita
de inspección conducida por la autoridad.
De 1997 a finales de enero de 1999, un total de 305 empresas
se encontraban dentro del Programa Nacional de Auditorías
Ambientales (PNAA) en los estados de la frontera norte. Este
número representa el 28% de las 1,083 empresas que
a nivel nacional se han incorpo-rado al PNAA. De los estados
fronterizos, destaca Chihuahua, donde radican el 21% de las
empresas en los estados fronterizos del norte afiliadas al
PNAA.
Como parte del PNAA, la PROFEPA otorga la certificación
de Industria Limpia a aquellas empresas que han completado
la auditoría ambiental y operan bajo la normatividad
ambien-tal. Entre 1997 y finales de enero de 1999, se otorgaron
varias certificaciones a empresas en los estados de la frontera
norte:
Tabla
10.3. Empresas certificadas como "Industria Limpia"
en los estados de la frontera norte de México |
Estado |
No.
de empresas
certificadas |
Baja
California |
10 |
Sonora |
5 |
Chihuahua |
24 |
Coahuila |
7 |
Nuevo
León |
25 |
Tamaulipas |
19 |
PROFEPA,
1999. |
La
mayoría de las empresas certificadas de los estados
de Baja California y Chihuahua se encuentran en la franja
fronteriza. En Coahuila y Tamaulipas se localiza la mitad
de las em-presas certificadas. Cabe destacar que en los estados
fronterizos se ubican el 38% de las empresas certificadas
como limpias entre 1997 y finales de enero de 1999.
Inspección
y Vigilancia
Casi por definición, cualquier marco legal requiere
del componente de coerción para ase-gurar su cumplimiento,
por lo que es necesario la inspección y vigilancia.
En el caso del medio ambiente, esta labor la realiza mayormente
la PROFEPA. Únicamente en asuntos relacionados con
agua, es la CNA quien tiene competencia en esos asuntos.
Por el carácter coercitivo de las labores de inspección
y vigilancia, éstas tienen una gran repercusión
en el marco de la prevención de daños a los
ecosistemas. De ahí que la PRO-FEPA tenga presencia
en todos los estados fronterizos del norte.
Debido a limitaciones de recursos, la PROFEPA no tiene presencia
física en todos los muni-cipios fronterizos, incluso,
existen algunos municipios limítrofes que no cuentan
con oficinas de PROFEPA. Sin embargo, hay que reconocer los
logros relevantes alcanzados en materia de inspección
y vigilancia de esta dependencia a lo largo de la frontera
norte del país.
Los
resultados de visitas de inspección presentan una tendencia
positiva de cumplimiento de la normatividad ambiental en México,
(ver anexo 9). Es relevante hacer notar que los datos de las
visitas en las tablas del anexo son el agregado por estado,
en virtud de ser la única información disponible.
Sin embargo, en el caso de Baja California, se puede decir
que los datos se refieren
Fig.
10.1. Resultado de visitas de inspección (1995-1997) |
|
Fuente:
PROFEPA, 1998. |
mayoritariamente
a operaciones en los tres municipios fronterizos. Por otro
lado, en cuanto a Nuevo León, se trata de operaciones
mayoritariamente de la zona conurbada de Monterrey. De los
otros estados es más difícil hacer alguna conclusión,
ya que aunque en casi todos los casos, existe una gran actividad
industrial en los municipios fronterizos, existen operaciones
industriales en otros puntos de los estados.
Sin embargo, hay que resaltar algunos aspectos interesantes
sobre el comportamiento de los resultados de las labores de
inspección y vigilancia. En primer término,
en Baja Califor-nia, Nuevo León y Tamaulipas se incrementaron
el número de visitas con irregularidades leves al mismo
tiempo que en el caso de Baja California aumentaron significativamente
el número de clausuras parciales temporales y clausuras
totales temporales. Para Nuevo León y Tamaulipas las
clausuras parciales y totales se han comportado en forma variable.
Lo que llama la atención es la disminución significativa
de inspecciones que de 1995 a 1996 se vio reducida en un 5%,
de 1996 a 1997 en un 15% y de 1995 a 1997 en un 19%. Res-pecto
a las inspecciones en cada estado, es relevante el hecho de
que de 1996 a 1997 hubo una disminución de inspecciones
del 10%, siendo el caso más drástico el de Chihuahua,
donde fue por arriba del 25%.
Tradicionalmente se ha señalado a la industria maquiladora
como una fuente importante de afectación al medio ambiente.
Al comparar los resultados de las visitas de inspección
reali-zada a todas la industrias con relación a los
de las visitas a la industria maquiladora, es cla-ro que ese
paradigma no sea del todo cierto, al menos actualmente. Esto
sin menospreciar la realidad de que la afectación es
función de cantidad y toxicidad. Puede decirse que
la industria maquiladora ha disminuido su participación
en el área de operaciones fuera de normatividad.
En la frontera, la industria maquiladora ha pasado del 19%
de los casos de clausuras en 1995, al 9% en 1997. Lo mismo
se puede apreciar en relación al número de irregularidades
leves donde pasó del 28 al 26% en ese mismo período.
En términos generales, las inspec-ciones a la misma,
se redujeron ligeramente con respecto a la industria no maquiladora,
al disminuir 1% (29 al 28%).
La disminución de inspecciones a la industria maquiladora
ha tenido un comportamiento similar al total de ellas, aunque
ligeramente mayor al reducirse en 9.5% entre 1995 y 1996,
13% entre 1996 y 1997 y finalmente 21% entre 1995 y 1997.
Esto también pudiera ser una razón por lo que
se redujo la incidencia de irregulares leves. La industria
maquiladora pre-senta en términos generales la misma
tendencia respecto al número de irregularidades leves
encontradas en el sector industrial. La gran cantidad de visitas
con irregularidades le-ves, puede ser un claro indicador que
al menos el sector industrial que ha sido motivo de inspecciones,
está cumpliendo con la legislación. El siguiente
paso será la incorporación de otros sectores
industriales el programa de visitas de inspección,
en tal caso se encuentra la gran cantidad de pequeñas
y medianas industrias en el país. (Anexo 9)
