Capítulo
Tres
La conservación en tiempos desfavorables
México Independiente hasta la Revolución
Cuando
México ganó su independencia en 1821, cayeron
tres siglos de reglamentos para el uso del suelo. Los políticos
mexicanos, dedicados a su programa para estimular una economía
devastada por las guerras de independencia (1810-1821) y a establecer
su propio control político, no apostaron a la conservación
de los recursos naturales. Desarrollo y orden se convirtieron
en una obsesión aún mayor entre la élite
mexicana, una vez que por fin se lograra la estabilidad económica
y política (los liberales superaron los últimos
obstáculos a su dominio cuando ejecutaron al archiduque
Maximiliano en 1867).1 Para la mayoría de los liberales
mexicanos, la conservación era simplemente una traba
para sus grandiosos planes económicos.
Aún
así, durante el siglo XIX surgieron en México
críticos al tratamiento insensible de la tierra. Predominantemente,
sus preocupaciones se centraban alrededor de la pérdida
de recursos críticos, más que la importancia de
las áreas silvestres para el rejuvenecimiento del espíritu
humano. De hecho, sólo un pequeño segmento de
los intelectuales era atraído por filosofías como
el romanticismo y el trascendentalismo, que enfatizaban las
cualidades estéticas y espirituales del mundo natural.
Para
la mayor parte de los mexicanos, los contrastes que románticos
europeos y americanos habían hecho entre la sublime belleza
y las poderosas fuerzas de la naturaleza, por un lado, y por
el otro, la fealdad de los pueblos industriales y la naturaleza
rutinaria de la vida urbana, no eran evidentes, porque México
seguía siendo, durante el siglo XIX, una sociedad principalmente
rural y no industrial (en 1900, 88% de la población mexicana
vivía en el campo).2 Más aún, aquellos
que promovieron la industrialización en México
durante la última parte del siglo XIX adoptaron el "progreso"
material como a un severo dios. Para ellos, el romanticismo,
en cuanto a que festejaba al mundo natural y al "noble salvaje",
constituía no sólo una filosofía europea
pasada de moda, sino contraria a su causa. Ajeno a la mayoría
de la gente y despreciado por la élite mexicana, el romanticismo,
en muchas de sus facetas, no podía echar fuertes raíces,
y así, no se presentó en México un gran
impulso romántico en favor de la protección de
la naturaleza.
Sin
embargo, unos cuantos mexicanos sí tenían una
visión romántica de la naturaleza. Pedro Blázquez,
un cazador deportivo mexicano, se dio cuenta que el aire de
la ciudad (contaminado como estaba por estufas de carbón,
materia fecal y fábricas) era un precursor de la enfermedad
y la muerte. Por el contrario, la atmósfera en el campo
era una fuente de salud y vida, ya que las plantas purificaban
el aire al absorber el bióxido de carbono y otros gases.
Aseguraba que más y más gente reconocía
los beneficios de dejar la contaminación y los tumultos
de ciudades cada vez más sobrepobladas para cambiar al
aire puro y la placidez del ambiente rústico.3 José
Santos Coy, dueño de una propiedad con bosques en el
norteño estado de Coahuila en México, también
elogiaba la belleza del paisaje rural: los dulces valles, las
planicies alfombradas por pastos y flores, y los arroyos que
corrían entre isletas de verdor. Creía que el
campo era el único lugar para confortar el alma acosada,
por lo menos en seres inclinados hacía la contemplación
y la soledad.4 El ingeniero José M. Romero hablaba en
términos igualmente reflexivos sobre los bosques que
quedaban en Hidalgo, su estado natal en el centro de México:
"En
el camino de Pachuca a El Chico... el viajero tiene que detenerse
frecuentemente para gozar con la magnificencia y la poderosa
soledad, iluminada por los rayos del sol cuyas hebras doradas
ardían a través de los pinos, y cuyo formidable
silencio es interrumpido únicamente por el canto del zenzontle*, por el susurro del viento entre los árboles,
o por el sonido de una cascada que cae a sus pies. Una tormenta
en estos bosques es la escena más poderosa y majestuosa
que pueda ver una persona, y solamente un corazón fuerte
es capaz de observarla sin sentir miedo.5
Un
pequeño grupo de mexicanos veían al mundo natural
como un lugar de fuerzas poderosas, aire puro, soledad y gran
belleza, todo lo cual emocionaba al cuerpo humano y al espíritu.
El
trascendentalismo también tenía algunos seguidores
en México. Pedro Blázquez sentía que la
naturaleza presentaba "el rico panorama de la creación".6
Interpretaba los armoniosos cantos de los pájaros y el
murmullo de los arroyos como un "misterioso himno de amor y
reconocimiento" al "supremo hacedor del mundo". Blázquez
daba a entender que en las áreas naturales era donde
uno se sentía más cerca de Dios.7
El
más famoso trascendentalista de México fue el
gran pintor de paisajes José María Velasco (1840-1912).
Hombre profundamente religioso, Velasco retrataba a la naturaleza
para mostrar su "amor a Dios y el amor de Dios por la humanidad".
Toda su carrera la dedicó a pintar el Valle de México,
con sus endurecidas rocas, sus altivos volcanes y aire transparente,
a todo lo cual le imbuía un sentido de tranquilidad y
misticismo. Creía que el valle era una demostración
de la perfección de Dios.8
Velasco
no era un artista romántico. No embellecía sus
vistas con sublimes montañas o tonos etéreos.
Pintaba al Valle de México como era.9 Además de
retratar las obras de Dios, retrataba también las obras
de los seres humanos: ferrocarriles, fábricas y plantas
de luz. Ni glorificaba ni villanizaba estos nuevos artefactos.
Para Velasco, eran simplemente una parte del cambiante paisaje.
Velasco
mantenía una actitud mística hacia la naturaleza
y, sin embargo, también la estudiaba científicamente.
Escribió un libro sobre la flora de la meseta central,
ilustrándolo con sus propias litografías, y enseñó
a sus estudiantes el valor de la observación y la investigación
científica. Él mismo exploró ampliamente
el Valle de México y uno de sus volcanes, el Popocatépetl.
El producto de las creencias religiosas de Velasco, y su disposición
científica fueron paisajes que son, a la vez, místicos
y realistas.10
A
diferencia del trascendentalista estadounidense John Muir (quien
también tenía disposición hacía
la ciencia), Velasco no se convirtió en un propagandista
de la protección de las tierras salvajes. Era más
parecido a otro trascendentalista norteamericano, el escritor
Ralph Waldo Emerson, sintiéndose satisfecho en expresar
su amor por la naturaleza y por Dios por medio de su arte.
Aunque
los mexicanos que le asignaban a la naturaleza valores terapéuticos
y espirituales no formaron un movimiento para la preservación
de la vida silvestre, varios de ellos fueron parte de una pequeña
minoría que pedía la conservación de los
recursos naturales.
Durante
el siglo XIX, la mayoría de los conservacionistas mexicanos
abogaban por la protección de la naturaleza por dos razones.
Primero, algunos individuos temían que el país
estuviera en el umbral de acabar con sus recursos naturales.
La continua tala de los bosques del país, era para ellos
particularmente preocupante. La prosperidad económica
de México dependía de ello. Segundo, los mexicanos
buscaban la conservación por motivos biológicos.
Se enfocaban particularmente en el papel que jugaban los bosques
al regular los ciclos naturales. Para ellos, la conexión
entre la conservación de éstos y el bienestar
humano era evidente: los bosques mantenían un medio ambiente
estable que propiciaba la salud y la seguridad humanas.
Los
mexicanos se dieron cuenta de la necesidad económica
y biológica de la conservación antes de que lo
hiciera la gente en los Estados Unidos. El gobierno mexicano
promulgó una ley para conservar los bosques en tierras
nacionales en 1861, tres décadas antes de que la primera
ley de este tipo fuese aprobada en Estados Unidos (la Forestry
Act de 1891). Un ministro del gobierno identificó la
conexión entre desforestación y sequías
un cuarto de siglo antes de que el geógrafo norteamericano
George Perkins Marsh llegara a la misma conclusión en
su clásico libro Man and Nature; o, Physical
Geography as Modified by Human Action (1864) La discusión
de Marsh sobre las consecuencias de la desforestación
(sequías, inundaciones, disminución de flujo de
las corrientes de agua, sedimentación y erosión
del suelo) fue como una revelación para sus compatriotas.
Por el contrario, los mexicanos habían reconocido de
tiempo atrás los efectos negativos que la desforestación
tenía sobre los ciclos naturales.
La
historia y la geografía habían hecho que se presentara
una creciente preocupación en México, sobre todos
los peligros que podía significar la desforestación.
México entró al período nacional con relativamente
pocos de sus bosques intactos (a diferencia de los Estados Unidos
que aún tenían grandes extensiones de bosques
en el oeste). El mito de la inagotabilidad se desinfló
más fácilmente en México que en los Estados
Unidos. Más aún, en contraste con el paisaje de
los Estados Unidos, al este de las Montañas Rocallosas,
la montañosa topografía de México daba
a sus ciudadanos una más drástica imagen de cómo
la desforestación exacerbaba la erosión del suelo
y las inundaciones. Otros leían acerca de estos problemas
en los trabajos de Martínez y Humboldt, cuya traducción
del tratado sobre la Nueva España ya estaba disponible.
Los mexicanos también tenían acceso a literatura
de los naturalistas españoles del siglo XVIII sobre la
conexión entre la falta de bosques en España y
el escaso fluir de las corrientes de agua, la resequedad de
la atmósfera, y la esterilidad del suelo.11 Tanto por
experiencia de primera mano, como por la observación
de otros, los mexicanos tenían más conocimientos
para darse cuenta de las consecuencias de la desforestación,
que los estadounidenses. Tampoco estaban tan comprometidos con
la doctrina de la libertad individual para hacer caso omiso
de los ordenamientos, como lo hicieron los ciudadanos de los
Estados Unidos al final del siglo XIX.
En
contraste, las políticas sobre vida silvestre estaban
basadas casi exclusivamente en consideraciones económicas.
Los animales no parecían tener la misma importancia biológica
que los bosques. Algunos mexicanos defendían la protección
de los animales silvestres debido a sus cualidades estéticas,
pero su influencia sobre la política pública era
mínima.12 La mayoría de los gobernantes mexicanos
hacían la misma distinción que sus predecesores
coloniales entre animales valiosos, sin valor y dañinos.
Así, durante la mayor parte del siglo XIX, el enfoque
mexicano hacia la conservación de la vida silvestre se
dirigió al mantenimiento de poblaciones estables de especies
económicamente importantes, más que en el desarrollo,
de un código de vida silvestre que protegiera un rango
mayor de especies.
Muchas
de las antiguas leyes de conservación estaban enfocadas
a evitar la explotación comercial de los animales por
extranjeros. En un edicto de 1824, el gobierno mexicano prohibía
a los no nacionales la cacería y captura de animales
de piel con trampas.13 Entre 1825 y 1830, los funcionarios marítimos
expidieron una serie de decretos, diseñados en parte
para excluir a los extranjeros del comercio de la nutria en
aguas mexicanas de California. Más notablemente, en 1926
restringieron el comercio costero a embarcaciones nacionales
con dos tercios de su tripulación formados por ciudadanos
mexicanos.14 Sin embargo, la explotación de las poblaciones
de nutria marina de California por extranjeros continuó,
ya que México no tenía suficientes embarcaciones
para patrullar adecuadamente la costa. En 1831 el gobernador
de California, Manuel Victoria, alertó a los funcionarios
federales acerca de extranjeros, que habían comprado
lucrativos contratos de mexicanos, dedicados al exterminio de
nutrias marinas jóvenes cerca de las aguas costeras donde
el mamífero se reproducía. Advirtió que
así estos traficantes estaban destruyendo la especie.15
El predecesor de Victoria, José María Echeandía
(1826-1830), había incluido una cláusula en las
licencias de cacería especificando que los cachorros
de nutria marina no podrían matarse.16 La meta que no
cumplieron estos gobernadores era restringir el aprovechamiento
de las nutrias marinas a cazadores mexicanos con mentalidad
conservacionista.
Los
funcionarios de California también intentaron proteger
su valiosa provisión de madera contra la explotación
extranjera y el mal uso nacional. Puestos en acción por
los reportes sobre el destructivo impacto que ciudadanos norteamericanos
tenían sobre los bosques cerca de San Francisco, la comisión
territorial de California promulgó en 1834, un decreto
que prohibía la exportación de madera y requería
una licencia para la tala y el transporte de puerto a puerto.17
En 1845, funcionarios de Los Ángeles ordenaron que toda
la madera que se cortara en terrenos públicos dentro
de su distrito se usara para el bien común, como leña
y construcción.18 Las autoridades en California utilizaron
los poderes con que originalmente los invistieron las Cortes
Españolas para proteger sus preciosos bosques.
Cuando
en 1848, California pasó a ser parte de los Estados Unidos,
los funcionarios norteamericanos se deshicieron de todas las
restricciones preexistentes para la extracción de madera.
Sin embargo, una parte de la historia, igualmente importante,
indica que durante la segunda mitad del siglo XIX, los políticos
mexicanos se mostraron cada vez más dispuestos a permitir
la explotación de sus recursos por extranjeros y por
sus propios ciudadanos, por el bien del desarrollo.
Algunos
funcionarios mexicanos se percataron que los bosques tenían
un valor más allá del precio de la madera. En
1839, el Ministro del Interior, José Antonio Romero pidió
que se protegiera a los bosques para aliviar las sequías:
"Por
varios años, la República ha sufrido de éstas;
las cosechas han fracasado y el ganado ha muerto. La razón
y la experiencia señalan la devastación de los
bosques y la desnudación de colinas y montañas
como causas que influyen en esas calamidades. Consecuentemente,
es necesario no sólo restringir la tala de árboles,
sino, también para la conservación de la salud
y el bienestar de la gente y la protección de la agricultura
y las industrias que de ella dependen, y para apoyar la restauración
de los bosques talados y la plantación de árboles
a lo largo de los caminos públicos y en aquellos lugares
en que, de cualquier manera, puedan ser útiles."19
Romero
presentó sus recomendaciones en nombre del presidente
de la República de México a los gobernadores de
los estados y territorios.20 Irónicamente, el mensaje
de Romero fue ignorado por los dirigentes nacionales, quienes
aún veían a la conservación de los bosques
como un asunto local.
Uno
de aquellos que escucharon la advertencia de Romero fue el gobernador
de Veracruz, Antonio María Salonio. En 1845, promulgó
una ley forestal que autorizó la creación de juntas
de protección para los árboles, parte de cuyo
propósito era localizar sitios adecuados para la formación
de viveros y supervisar la plantación de árboles
a lo largo de los caminos y otros lugares comunes. En una novedosa
aplicación de la contribución obligatoria a las
obras públicas, Salonio obligó a todos los hombres
aptos, de entre dieciséis y sesenta años de edad
(exceptuando al personal militar y a los miembros del clero)
trabajar un día al año en los viveros, y otro
día plantando los renuevos.21 El gobernador ordenó
que algunos de los árboles de los viveros fueran plantados
en las avenidas y en las plazas para embellecer los pueblos
y ciudades de Veracruz.
La
misión primaria de las juntas era conservar y restaurar
los bosques del estado. Salonio dio instrucciones a esos cuerpos
para llevar a cabo inspecciones anuales de los bosques de la
entidad, diferenciando los árboles viejos de los más
jóvenes. Al mismo tiempo, ordenó a las juntas
llegar a acuerdos con los leñadores y los usuarios de
la madera, incluyendo a los dueños de fábricas,
sobre el número de árboles que tendrían
que replantar. El gobernador obligó a todos los usuarios
de bosques en tierras públicas o comunales a obtener
permiso de las juntas locales. Aquellos que violaran esta disposición
no sólo perderían la madera que habían
cortado, sino que tendrían que pagar una multa igual
a su valor, perder su equipo de corte, y plantar el doble de
los árboles que habían cortado, o depositar dinero
para que se hiciera. Las juntas, sin embargo, sólo tenían
jurisdicción nominal sobre terrenos privados. Fue debido
a ello, en parte, que no pudieron detener la pérdida
de los bosques de Veracruz.22
Durante
mediados de 1850, el agente general del Ministerio de Agricultura,
funcionarios estatales y municipales, y la Sociedad para el
Mejoramiento de Materiales (un grupo de ciudadanos con afiliados
en diferentes partes de la República) urgieron a las
autoridades para detener la destrucción de los bosques,
imponiendo restricciones a los leñadores y obligando
a la reforestación.23 El recientemente creado Ministerio
de Obras Públicas (1853) empezó a tomar cartas
en el asunto. En agosto de 1854, promulgó un decreto
que requería un permiso para la exportación (en
barcos tanto domésticos como extranjeros) de madera usada
para construcción y fabricación de muebles.24
En octubre de ese mismo año, el ministerio pidió
a las comisiones mineras en toda la República determinar
el número de leguas cubiertas por bosques dentro de sus
jurisdicciones, la clase de árboles que ahí crecían,
y si sus productos eran usados para leña y carbón
o para carpintería y fabricación de muebles. Se
instruyó a las comisiones verificar el número
de árboles que se cortaban mensualmente y reforestar
las áreas taladas.25 Sin embargo, un programa amplio
de reconocimiento forestal y reforestación, no se llevaría
a cabo durante los siguientes cincuenta años.
En
1854, la Sociedad para el Mejoramiento de Materiales hizo un
llamado al Ministerio de Obras Públicas para proteger
los bosques alrededor del Valle de México. De acuerdo
con la Sociedad, las presiones demográficas y las necesidades
de las industrias habían consumido muchos de los bosques
de la región, a tal grado que cada día sus habitantes
resentían más intensamente la escasez de madera,
leña y carbón, la insalubridad de la atmósfera
(debido a la ausencia de árboles que purificaran el aire),
y la disminución de la provisión de agua. La sociedad
expresaba su esperanza de que el gobierno realizara acciones
inmediatas para resolver esa grave situación.26
Dos
años más tarde, el gobierno nacional hizo una
petición al ayuntamiento de la Ciudad de México
para que los bosques fuesen protegidos para asegurar la provisión
de agua de la ciudad. El gobierno reconocía que se había
equivocado al permitir a los leñadores en el Desierto
de Carmelitas (conocido después como Desierto de los
Leones) la mayor riqueza en el menor tiempo posible. Al hacer
eso, había perjudicado el bienestar de los habitantes
de la Ciudad de México, cuya supervivencia dependía
de los manantiales que se originaban en la vertiente occidental
del valle. Las autoridades federales llegaron a la conclusión
de que la destrucción de los bosques en la región
había dado como resultado una disminución del
flujo de las corrientes de agua, ya que había menos árboles
para jalar agua hacia la superficie y para dar sombra que evitara
la evaporación. Para el cuidado de una fuente de agua
tan importante para los residentes de la capital, el gobierno
decretó que el Desierto de los Carmelitas permaneciera
bajo el dominio pleno y la propiedad del ayuntamiento* de
la Ciudad de México. El decreto permitía a la
municipalidad subastar tierras en el Desierto, pero sólo
si el comprador aceptaba conservar los manantiales (no cortando
los árboles) y ejercer la supervisión del ayuntamiento.27
Aguijoneado
posteriormente por las quejas de que México estaba perdiendo
sus mejores bosques, el presidente liberal Ignacio Comonfort
lanzó una circular en 1857 en la que declaraba que se
debería evitar al máximo posible el corte de árboles.
Al mismo tiempo, aseguraba a los industriales y a los mineros
que no se les privaría de madera para sus operaciones.
La solución de Comonfort era volver a las ordenanzas
forestales de la colonia, las cuales, aseguraba, aún
estaban en vigor. Específicamente hizo notar a los directivos
que la leña únicamente podía ser obtenida
de las ramas de árboles vigorosos y que los leñadores
tendrían que plantar cuatro árboles por cada uno
que cortaran (durante el período colonial eran sólo
tres). Comonfort prometió castigar severamente a aquellos
que violaran este decreto.28
En
1861, el gobierno liberal de Benito Juárez promulgó
la primera ley forestal nacional en México. Este estatuto,
que se aplicaba únicamente a las tierras públicas,
exigía a los leñadores plantar diez árboles
de caoba y cedro por cada uno que talaran. No obstante, antes
que nada, los posibles madereros tenían que presentar
una solicitud de permiso al ministerio de Obras Públicas,
indicando el área donde pretendían operar y el
número de árboles que planeaban cortar. Si el
ministerio aprobaba la solicitud, un subinspector y un guarda
forestal acompañaban al permisionario al sitio para marcar
sus límites. El gobierno fijó una multa de seis
pesos por cada árbol que se talara sin permiso, usando
esos recursos para incrementar los salarios de cuatro guardas
forestales y un subinspector. Además, los ciudadanos
privados que reportaran el corte clandestino de árboles
podrían reclamar un tercio de las multas que se impusieran.
Así, los funcionarios forestales y los particulares tenían
un incentivo económico para supervisar el cumplimiento
de la ley.29
Algunas
personas opinaron acerca de el reducido campo de acción
y la inefectividad de la legislación forestal del país.
Leopoldo Río de la Loza, un profesor de química,
notó que los guardas forestales y el pueblo en general
preferían hacer más dinero colaborando con los
infractores, o cortando ellos mismos la madera, que reportando
las violaciones a la ley. Aquellos guardas que eran honestos
se enfrentaban a la tarea, poco menos que imposible, de vigilar
vastos territorios, que abarcaban regiones remotas y montañosas.
Aquí, los habitantes locales frecuentemente transportaban
madera ilegalmente cortada por senderos bien disimulados en
los bosques. Más aún, la ley se aplicaba únicamente
a los bosques nacionales; el gobierno permitía a los
dueños de bosques privados usar su madera de la forma
que más les conviniera.30
En
1865, José M. Romero, un miembro de la comisión
científica de Pachuca (en el estado de Hidalgo, centro
de México), hacía notar, indignadamente, que los
taladores y la Compañía Real del Monte mostraban
absoluto desprecio por las leyes forestales de la nación.
Por su parte, los leñadores cortaban árboles a
cualquier altura que querían y se rehusaban a plantar
los cuatro árboles por cada uno que derribaban. Romero
se lamentaba de que "el hacha del leñador se haya convertido
en un terrible enemigo de estos bosques".31 Guardaba su mayor
resentimiento para la Compañía Real del Monte,
que había cortado todos los bosques cercanos para alimentar
sus máquinas de vapor, fábricas y sitios de amalgamación,
sin haber plantado un solo árbol o haber seguido ninguna
disposición forestal. Romero aseguraba que ese desprecio
de la compañía para las leyes forestales había
conducido a "fatales resultados que afligían a todas
las clases de Pachuca". Notó que la gente tenía
que recorrer a pie grandes distancias para recoger leña
y que el precio de los materiales de construcción era
tan alto que muchos residentes no podían permitirse el
construir una casa. Aún más grave, los manantiales,
antes abundantes, que proveían de agua a la ciudad de
Pachuca estaban casi secos porque la tala de los árboles
se había traducido en una mayor evaporación y
una menor filtración de agua al suelo. Romero observó
que era ya común, en ese momento, que la población
de Pachuca se quedara sin agua dos o tres días y sin
la esperanza de contar con una provisión abundante aún
durante la temporada de lluvias. Por todas esas razones le insistía
al gobierno para reglamentar las destructivas actividades de
la compañía minera.32
Otros
mostraban su frustración al ver la tibia respuesta de
los funcionarios públicos y de los ciudadanos privados
a los llamados a la conservación de los bosques. Tomás
Mancera, un minero de Hidalgo, observaba el estado de los bosques
de la región a mediados de la década de 1860:
"La tala de árboles sigue de tal forma que los deliciosos
y abundantes bosques del Mineral (de Pachuca) permanecen sólo
de nombre; los numerosos pinos que en un tiempo existieron aquí
serán muy difíciles de reponer, ya que les tomó
cientos de años llegar a la madurez, esto con notable
perjuicio a la salud pública ya que las corrientes de
agua se secaron por falta de árboles."33 Mancera declaraba
que los medios más directos para proteger los bosques
que quedaban en el área sería usando los abundantes
depósitos de carbón mineral de Zacualtipán,
Hidalgo, para mover las maquinas de vapor y las locomotoras.
Sentía que otras opciones tenían pocas posibilidades
de éxito. Mancera dudaba que un llamado patriótico
a los propietarios pudiera usarse para salvaguardar los intereses
de la comunidad. Tampoco el gobierno parecía ser de mucha
ayuda. Aun cuando las autoridades trataban de exigir el cumplimiento
de las útiles leyes de conservación, los habitantes
locales y los taladores no cooperaban. Por lo común,
la inercia o los sobresaltos políticos daban como resultado
que el gobierno no tomara ninguna acción en absoluto.
Así, la desaparición de los bosques de México
continuó sin disminución.34
Algunos
individuos intentaron corregir lo que consideraban como deficiencias
en el código forestal existente. En una ley de 1862 diseñada
para proteger y ampliar huertos, el gobernador de Baja California,
Teodoro Riveroll, declaró que ya que los árboles
y los arbustos contribuían a aumentar las lluvias, tan
escasas en la región, y que las prohibiciones de cortar
los bosques habían sido olvidadas , nadie podría
tirar árboles, aún en su propia tierra, sin el
permiso del ayuntamiento*.35 Riveroll sentía que
tal acción era necesaria porque el interés público
estaba siendo puesto en peligro por el mal uso que los propietarios
daban a la tierra.
Cerca
del fin de la Intervención Francesa (1862-1867), Leopoldo
Río de la Loza hizo un proyecto de ordenanza forestal,
tomando la ley forestal de Veracruz como su punto de partida.
Río de la Loza pedía el establecimiento de viveros
de árboles y programas de reforestación en toda
la nación. En lo que se refería a esto último,
proponía que todos los propietarios rurales (o sus arrendatarios)
plantaran anualmente cinco árboles por cada caballería (una unidad de medida de la tierra equivalente a 33.3 acres),
y darles premios a quienes plantaran más.36 Además,
las municipalidades tendrían que plantar un árbol
por cada cien habitantes y el Departamento de Caminos, los dueños
de caminos privados, y los magnates del ferrocarril tendrían
que plantar un árbol por cada legua (aproximadamente
cuatro millas) de camino. Junto con la reforestación,
Río de la Loza buscaba ampliar las restricciones para
el uso del bosque. En su ordenanza incluía limitaciones
para que la industria pudiera usar la madera: la corteza para
usos industriales únicamente podría venir de árboles
no vigorosos, tirados por el viento, o muertos. Más adelante
establecía que la extracción de trementina y otras
resinas nunca debería de ser hecha de tal manera que
causara la muerte del árbol. Declaraba que, bajo ninguna
circunstancia, se le debería prender fuego al bosque.
Cualquiera que violase esta disposición tendría
que pagar por el costo del fuego y también tendría
que trabajar de seis meses a cuatro años en una obra
pública. Y, finalmente, proclamaba que se necesitaba
una licencia de una junta de protección de árboles
para cortar en cualquier bosque.37
La
ley que proponía Río de la Loza marcaba un avance
significativo sobre las reglamentaciones previas. Sin embargo,
el Archiduque Maximiliano no pudo implementar la ordenanza debido
a su intempestiva muerte y, después de su ejecución,
los liberales volvieron a su política del uso irrestricto
de las tierras privadas.
Durante
un tiempo después de la Intervención Francesa,
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(creada en 1833) actuó como un paladín de la conservación
forestal en la nación. La membresía declaró
que una de sus más importantes tareas era despertar en
los gobiernos nacional, estatal y municipal, la conciencia de
la "calamidad de la desforestación".38 Cumpliendo parcialmente
esta petición, la sociedad nombró una comisión
en 1870 para evaluar el estado de los bosques de México
y dar recomendaciones sobre su protección y restauración.
Este
grupo, encabezado por Ignacio Ramírez, estableció
dos preguntas fundamentales: ¿Porqué era necesaria la
conservación de los bosques, y cómo podría
México lograr de mejor manera este fin? La comisión
mostraba sus simpatías liberales ofreciendo una estrecha
visión del papel del gobierno en la promoción
de la conservación y enfocándose casi exclusivamente
en el valor económico de los bosques.
Como
parte de su actividad, la Comisión Ramírez respondió
al deseo de un número de comunidades en México
por obtener el control sobre los bosques dentro de sus jurisdicciones.
Prácticamente, Ramírez y sus colegas rechazaron
esta petición para la ampliación del control local
sobre los bosques privados. Les dijeron a los funcionarios estatales
"que confiaran en el interés privado, y si este no conviene
a los intereses comunales, entonces ustedes pueden pedir autorización."39
El
punto que los dirigentes locales estaban tratando de establecer
era que el umbral en el que entraban en conflicto el interés
privado con los intereses comunales, había sido rebasado
hacía mucho tiempo. Argumentaban que era imperativo que
sus bosques fueran protegidos, no sólo para asegurar
una provisión de madera para combustible y construcción,
sino también lograr una dotación adecuada de agua,
evitar inundaciones y para moderar el clima.40 La comisión
Ramírez respondió despectivamente a estos argumentos
para protección de los bosques:
"No
debemos fijarnos en estos detalles [sobre el supuesto valor
biológico de los bosques] excepto para examinar lo que
se ha olvidado extrañamente acerca de los bosques; no
necesitan de una misión audaz y fabulosa como la inventada
por el Druidismo o el Naturalismo para poder llamar la atención
de todas las clases sociales sobre su valor: son nuestra principal
fuente de madera para construcción y combustible".41
Ramírez
y sus colegas adoptaron una postura aún más dura,
cuando arguyeron que muchas de las funciones biológicas
atribuidas a los bosques eran simplemente falsas. Enfáticamente
declararon que los bosques eran el resultado, no la causa, de
las lluvias. Aunque aceptaban que los bosques reducían
la evaporación, los miembros de la comisión insistían
que cualquier tipo de vegetación podía llevar
a cabo la misma función. Concluyeron que la construcción
de canales y pozos era un medio más efectivo para proporcionar
agua que protegiendo los bosques y plantando árboles.
La conservación de los bosques era necesaria para una
economía estable, no para un medio ambiente estable.42
Como
parte de sus compromisos, la Comisión examinó
las políticas forestales en Europa occidental y la falta
de tales políticas en los Estados Unidos. El grupo admiraba
muchas de las medidas forestales que habían tomado los
países europeos: los alemanes habían protegido
sus bosques y habían desarrollado técnicas prácticas
para la administración forestal; los franceses habían
desarrollado un enérgico código forestal que se
aplicaba a sus bosques, tanto públicos como privados
(la única queja de la comisión era que el código
francés había violado los derechos de los dueños
de los terrenos); y, aún los ingleses, habían
empezado a tomar medidas para proteger estás áreas.
En marcado contraste con Europa occidental, los Estados Unidos
no habían dado ningún paso para proteger sus bosques.
Los miembros del comité analizaban esta falla en la forma
siguiente: "Los Estados Unidos, con su modelo de positivismo
explotan sus bosques dondequiera que se encuentran... La soberanía
individual y privada es un dogma sagrado de su económica
política, y para sus instituciones. Ellos no poseen bosques
públicos ya que los venden."43 Los comisionados establecían
que si México tenía una inagotable provisión
de madera y otros combustibles, como era el caso de los Estados
Unidos con sus inmensos bosques de California, y sus grandes
reservas de petróleo y carbón, entonces México
no tenía que preocuparse tanto de la conservación.
Sin embargo, como notaron, aún en los Estados Unidos,
la legislación y la ciencia habían empezado a
preocuparse por la reforestación.44
La
Comisión Ramírez expuso entonces su preocupación
dominante: México estaba perdiendo un recurso de inestimable
valor. Ya en ese momento la madera no podía ser encontrada
más que a grandes distancias de las poblaciones y se
había vuelto tan escasa que mucha gente no podía
darse el lujo de tenerla. Y la situación únicamente
se empeoraría a medida que los ferrocarriles y las industrias
reclamaran una creciente tajada de los bosques de México:
"Pero
a pesar de tan poca necesidad y tanta riqueza, la mano del hombre
desnuda el suelo hasta que regiones enteras se desfiguran; donde
uno pone una fábrica, los bosques desaparecen y en la
mitad de la República los pobres recogen el más
insuficiente combustible para preparar humildes comidas para
sus familias... ¿Qué pasará cuando toda la nación
se movilice y la industria exija imperiosamente su principal
fuente de combustible?"45
El
comité llegó a la conclusión de que, por
el bien de la prosperidad económica, era imperativo para
México conservar sus bosques y plantar árboles.
La
Comisión Ramírez argumentaba que la mejor oportunidad
para la protección de los bosques de México se
apoyaba en la educación y la investigación. Como
parte de este esfuerzo, la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística prometió patrocinar estudios silvícolas,
poniendo mayor énfasis en las áreas con mayor
necesidad de árboles. De acuerdo a los comisionados,
tales estudios que convencían a la gente de la importancia
de usar la tierra racionalmente serían más valiosos
para la protección de la tierra que nuevas leyes, aunque
estas últimas también podrían jugar un
papel en ciertas circunstancias.46
La
élite mexicana consideraba que los indígenas eran
el grupo que necesitaba más educación sobre el
uso racional de los bosques, y que también era el más
incorregible. La Sociedad para el Mejoramiento de Materiales
criticaba a las comunidades indígenas por cortar árboles
desde el tronco, y no sólo quitar las ramas, por tirarlos
antes de que alcanzaran la madurez, y por prender fuegos que
luego no controlaban. El grupo culpaba a estas prácticas
de causar alzas en los precios de la madera. Con pesar notaban
que: los indígenas cortan los árboles a su antojo
sin obedecer las antiguas ordenanzas del bosque y sin adoptar
cualquier método que la razón indica sería
para su propio beneficio."47 Leopoldo Río de la Loza
criticaba también el uso "irracional" de los recursos
forestales que hacían los indígenas. Haciendo
eco a los funcionarios coloniales, pero en un tono menos compasivo,
un exasperado Río de la Loza declaró que "los
indígenas han explotado, y lo continúan haciendo,
de manera arbitraria la riqueza pública [los bosques];
han resistido todos los intentos que se han hecho para civilizarlos
en este punto."48
Los
políticos liberales compartían la frustración
de Río de la Loza. Matías Romero, un influyente
diplomático y hombre de negocios durante el régimen
de Porfirio Díaz (1876-1911), se estremecía al
ver la forma en que los indígenas usaban invaluable madera
como combustible: "Aún hay grandes bosques en México,...
donde la madera no vale nada. He visto a mucha gente pobre,
que vive cerca de esos lugares usar, para cocinar sus alimentos,
maderas de la clase más cara como ébano, palo
de rosa, caoba, cedro, etc."49 Manuel Payno, un profesor de
historia y antiguo político liberal, también se
sentía obligado a comentar sobre el abuso que hacían
los indígenas de los recursos forestales. Payno reaccionaba
a la embestida que las comunidades indias hacían sobre
los bosques del Ajusco (una montaña al sur de la Ciudad
de México):
"Los
indígenas cortan tanta madera como sea posible haciendo
diariamente miles de cargas de carbón sin someterse a
ninguna orden ni reglamento... Los grandiosos árboles
cuya edad puede ser calculada en 250 ó 300 años
y el venerable cedro, sólo pueden ser encontrados en
los empinados cañones y en las faldas de los volcanes,
porque ahí el hombre no puede tumbarlos ni dañarlos
con sus destructivas hachas. Sin embrago, nada escapa de la
ferocidad de los indígenas carboneros.50
Payno
reportaba que los indígenas habían cortado todos
los árboles en las faldas del Ajusco y que ahora estaban
en el proceso de talar también todos los renuevos. Criticaba
severamente a los indígenas por cortar madera que, por
su inmadurez, prácticamente no tenía valor alguno:
"Hay
otra región montañosa [al norte de la Ciudad de
México] en la cual existen muchos pueblos indígenas
bien establecidos, que se ocupan exclusivamente de cortar madera
que venden a las ciudades y pueblos cercanos; algunas de estas
maderas son de poco aprecio de arquitectos y carpinteros, porque
su mayoría es de pequeñas dimensiones y ha sido
cortada antes de que alcance su total madurez. Esto la hace
inapropiada para las manufacturas y de poca duración
para las viviendas".51
Durante
el periodo colonial, la expropiación de las tierras indias
había precipitado la feroz destrucción de los
bosques por los propios indígenas. Sin embargo, la diferencia
entre el periodo colonial y el nacional, era que los funcionarios
del gobierno ahora apoyaban firmemente a quienes querían
expropiar tierras indias. La ley liberal de Reforma, conocida
como Ley Lerdo (1856), obligaba a las corporaciones, incluyendo
a las comunidades indias , a deshacerse de las tierras que no
usaban como parte de sus operaciones. Parte del objetivo de
esta ley, era reemplazar al "ineficiente" cultivador indígena,
por el "productivo" agricultor propietario. Durante el Porfiriato
(el periodo de gobierno de Díaz), la expropiación
de tierras indias llegó a un grado febril. Para que la
agricultura capitalista a gran escala pudiera tomar el lugar
de la agricultura de subsistencia, la administración
de Díaz dio a los hacendados* y a los inversionistas
extranjeros el derecho de desplazar a los indígenas de
sus tierras.52 Los indígenas que se resistían
a convertirse en peones o en aparceros eran obligados a explotar
intensivamente los recursos naturales, ya que los ricos terratenientes
habían expropiado las tierras fértiles que antes
los indígenas cultivaban. Un periodista, sin saberlo,
dio con el meollo del asunto: "Los bosques están siendo
destruidos por peones que prefieren juntar raíces en
la montaña que trabajar en las haciendas."53
El
Porfiriato marcó una acelerada explotación de
la tierra en sí. En 1870, Manuel Payno se hizo una pregunta
que presagiaba este periodo. Después de aceptar que México
era una tierra fértil y que muchos árboles se
regeneraban por sus propias semillas, Payno preguntaba: "¿Qué
es más poderoso, la fertilidad de la naturaleza o el
barbarismo y la avaricia del hombre? ¿Cuáles son las
fuerzas más activas, las fuerzas creativas de la naturaleza
o las fuerzas destructivas del hombre?54
Durante
la administración de Díaz, "las fuerzas destructivas
del hombre" tuvieron la ayuda de la amplia expansión
del sistema ferrocarrilero.55 Tanto directa como indirectamente,
el "caballo de hierro" consumió los bosques de México.
Enormes cantidades de madera se usaban para estaciones, postes,
durmientes y combustible. Adicionalmente, la actividad minera
que estimulaba el ferrocarril dependía de la madera para
estructuras de túneles y edificios. El creciente sector
industrial de México, igualmente espoleado por el desarrollo
de los ferrocarriles, también requería madera.
El Porfiriato marcó la más grande agresión
sobre los bosques de México desde la era colonial.
Los
ferrocarriles también contribuyeron a la declinación
de la fauna silvestre de México. Debido a ellos los cazadores
de especies mayores lograron tener acceso a muchas áreas
nuevas. Las explotaciones mineras y madereras, que siguieron
a los ferrocarriles, destruyeron muchos hábitat críticos.
Cuando un veloz tren del Ferrocarril Río Grande, Sierra
Madre, y Pacífico, propiedad de norteamericanos, se deslizaba
entre las atractivas aperturas en minería, maderería
y ganadería que se estaban desarrollando en Chihuahua
(un estado del norte de México) y presumía que
era el país de cacería más grande del mundo,
de hecho estaba sellando el final de una era de abundante fauna
silvestre en el norte de México.56
La
expropiación de tierras indígenas y la construcción
de ferrocarriles eran parte de la estrategia porfiriana para
desarrollar al país. De acuerdo con los científicos*,
el grupo de pensadores de Díaz, México era un
país dotado con ricas materias primas las que, una vez
que se explotaran sistemáticamente (con la ayuda de sistemas
modernos de transporte y de ricos inversionistas) transformaría
a México en un gigante industrial. Impulsando las ambiciones
de los científicos* se encontraban dos filosofías
anticonservacionistas: antipatía hacia las "tierras baldías"
y positivismo (la misma filosofía que la comisión
Ramírez dijo que había llevado a la destrucción
de los bosques en los Estados Unidos).
En
su desprecio por las "tierras baldías", Díaz se
basaba en una tradición occidental cuyos orígenes
yacían en el precepto bíblico de sojuzgar la tierra.
Este precepto tuvo aplicación práctica durante
la Edad Media a medida que los europeos del norte desmontaban
bosques y desecaban pantanos para expandir la agricultura (y
a medida que los ovejeros españoles convertían
bosques en tierras de pastoreo). En el siglo XVII, el filósofo
inglés John Locke relacionó al capitalismo con
la eliminación de las "tierras baldías". Locke
argumentaba que el jornalero en Inglaterra estaba mejor que
el rey indígena en América, porque los propietarios
ingleses le habían dado a la tierra un uso productivo.
De acuerdo a Locke: "La tierra que se deja completamente natural,
que no tiene la mejoría del pasturaje, la labranza o
la plantación, se le llama, como en realidad lo es, "desperdicio";
y encontraremos que su beneficio es casi nulo." En contraste,
el individuo que ponía a trabajar el "erial" estaba beneficiando
a la comunidad entera.57
La
Corona española no se había adherido a esta filosofía.
Por lo contrario, creía que la irrestricta explotación
individual de la tierra perjudicaba a la comunidad. La Corona
intentó mantener bajo su jurisdicción bosques,
tierras de pastizal y aguas, para el bien común. Los
liberales mexicanos del siglo XIX rechazaron la tradición
comunal española al expropiar las tierras indígenas
y al abrir tierras públicas para su explotación
por las clases media y alta. Eliminaron la distinción
que habían hecho los españoles entre tierras forestadas
y tierras agrícolas. Por lo tanto, permitieron la expansión
de la agricultura a costa de los bosques (únicamente
la vastedad de muchas haciendas impidió que sus dueños
explotaran toda la tierra). El desprecio de los liberales para
las "tierras baldías" estaba motivado por su creencia
de que el desarrollo dependía de la utilización
de dichas tierras. Durante la administración de Díaz,
la liquidación de las "tierras baldías" se había
convertido en parte del modus operandi.
La
segunda filosofía adoptada por la administración
Díaz fue el positivismo. De acuerdo con el filosofo francés
Augusto Comte (1797-1858), el fundador del positivismo, el progreso
implicaba la evolución de conocimiento y sociedad de
uno basado en la religión a uno basado en la ciencia.
Los positivistas enfatizaban la importancia de una educación
científica para desarrollar una mente racional y ordenada
que pudiera contribuir al bienestar de la sociedad. Comte específicamente
buscaba una religión de la humanidad, en la cual los
dirigentes del Estado burgués pudiesen excluir revueltas
revolucionarias, al mejorar el bienestar de la población
como un todo. Así, el lema comteano era: amor, orden
y progreso.58
Los científicos* adoptaron los medios de la filosofía
de Comte, pero cambiaron los fines. De acuerdo con aquellos,
la sociedad podía ser científicamente conducida,
pero ellos definían progreso no en términos de
mejorar las condiciones de la humanidad, sino en términos
de liberar la inversión para un futuro desarrollo. Y
orden, que en el sistema comteano debía ser suavizado
con cierto grado de libertad, ahora significaba proteger los
intereses de una élite rapaz.59
La
antipatía hacia las "tierras baldías" y el positivismo
eran doctrinas que fácilmente podían ser unidas.
El progreso de México dependía de poner en uso
las "tierras baldías". Oficialmente, el régimen
de Díaz definía las "tierras baldías" como
las no destinadas a uso público o cuya propiedad no era
de corporaciones o individuos.60 De hecho, sin embargo, las
tierras que no eran usadas en la forma en que el régimen
de Díaz quería que lo fueran, eran consideradas
baldías o vacantes.61 Para todos los propósitos
prácticos, el dominio público estaba reducido
a áreas difíciles de llegar y escasamente pobladas.62
El
Porfiriato podría parecer uno de los tiempos menos propicios
para el desarrollo de las preocupaciones por la conservación
en México pero, de hecho, los excesos de ese periodo
produjeron precisamente ese resultado. Mucho del interés
por la protección de los recursos naturales era únicamente
de naturaleza económica, pero los argumentos científicos
en favor de tal protección se siguieron presentando.
Algunos
funcionarios mexicanos se dieron cuenta de que el país
tenía un interés económico en la conservación
de los recursos naturales. Para atraer inversión foránea,
México tenía que garantizar una adecuada provisión
de materias primas, y algunos extranjeros ya se habían
mostrado preocupados por la disponibilidad de madera para la
construcción de ferrocarriles en México. En 1866,
Alfred Mordecai, un ingeniero ferrocarrilero que trabajaba en
el tren Veracruz-México, financiado por los ingleses,
notó que los bosques de pino sobre Veracruz eran la única
fuente local de madera para la línea.63 En 1872, los
directores del Ferrocarril Nacional Mexicano (una empresa norteamericana)señalaron
que "México está escasamente dotado de madera,
sin embargo su población, comparativamente densa, y sus
numerosas minas requieren de una gran cantidad. Esta tiene que
ser transportada desde los bosques, dondequiera que se encuentren."
La compañía se sintió aliviada al haber
encontrado tan buenas fuentes del material a lo largo de la
ruta propuesta.64
Muchos
inversionistas extranjeros y miembros de la élite mexicana
siguieron creyendo que México era una mina de materias
primas, pero algunos individuos pusieron en duda esta noción.
Uno de ellos, Matías Romero, observó que después
de cuatrocientos años de consumo constante, los bosques
cercanos a las poblaciones habían sido destruidos. Ahora,
la provisión de madera del país estaba siendo
tristemente afectada por la expansión de los ferrocarriles
y de las fábricas, entre otros factores. Romero aseguraba
a sus lectores, en International Review que el gobierno
se daba cuenta de la gravedad de la situación y que tomaría
medidas para ahorrar madera.65
El
régimen de Díaz tomó medidas para reducir
el consumo de madera por parte de los ferrocarriles. Las autoridades
alentaron el remplazo de las locomotoras que quemaban madera
por otras que usaban carbón. También ordenaron
el creosotado de los carriles de madera para aumentar su duración
y el uso de durmientes de fierro en lugar de madera.66 Algunos
funcionarios del gobierno llegaron a la conclusión de
que la escasez de madera había llegado a ser un problema
relativamente serio.
Unos
cuantos funcionarios reconocieron que los bosques eran esenciales
para mantener un medio ambiente estable. En una circular de
1880, un funcionario detalló las muchas formas en que
el bienestar público dependía de la protección
de las tierras arboladas. Uno sólo tiene que ser testigo
del legado de la desforestación- suelos muy erosionados,
inundaciones y arroyos secos- para apreciar el papel que han
jugado los bosques en mantener los aprovisionamientos de agua
y en estabilizar los suelos. Los árboles también
ayudaban en la regulación de la atmósfera al mantener
el nivel adecuado de oxígeno en el aire y al absorber
el carbón emitido por las industrias. Además,
los árboles contribuían a un medio más
salubre al evitar el desarrollo de pantanos. Desde la calidad
del aire, a la cantidad de agua, la humanidad se benefició
tremendamente por la existencia de los bosques.67
La
comunidad académica apoyaba los alegatos de que los árboles
eran un componente crítico del medio ambiente.68 En 1892,
Jesús Alfaro, un estudiante de medicina, publicó
una pequeña tesis en la que identificaba los muchos beneficios
biológicos, químicos, físicos y medicinales
que proporcionaba la vegetación. De acuerdo con Alfaro,
los árboles y otras plantas eran "los más preciosos
guardianes de la salud", porque no sólo eran un gran
almacén de medicinas, sino que también impedían
que muchas enfermedades se extendieran. Decía, por ejemplo,
que los árboles ayudaban a disminuir la incidencia de
la malaria secando los suelos (particularmente en áreas
pantanosas) y bloqueando los aires húmedos. También
contribuían a la salud pública al moderar el clima
por medio de la evaporación (Alfaro creía que
los cambios abruptos en el clima eran una de las principales
causas de las enfermedades), creando aire puro y rico en oxígeno
y evitando tormentas de polvo.
Alfaro
abundaba sobre el crítico papel que jugaban los árboles
en la regulación del ambiente: aumentaban las lluvias,
detenían la erosión del suelo, disminuían
el calentamiento del suelo por la radiación solar, y
las inundaciones al absorber agua al subsuelo. Argüía
que la plantación de árboles había convertido
áreas con clima seco, caliente e insalubre en lugares
agradables para vivir. En contraste, la tala de árboles
había convertido áreas de verdor en desiertos.
Llegaba incluso a asegurar que la gente en áreas forestadas
vivía más que la gente en tierras sin árboles.
El pensamiento de Alfaro representaba una naciente perspectiva
ecológica al reconocer el importante papel que jugaban
los bosques regulando los ciclos químicos, físicos
y biológicos.70
Algunos
mexicanos preocupados por la desforestación cuestionaron
la validez de los argumentos biológicos que se hacían
en favor de la conservación de los bosques. En un trabajo
titulado ¿Hay bosques porque llueve, o llueve porque hay
bosques?, José Santos Coy argumentaba que los bosques
no producían precipitación pluvial. Santos Coy
(un dueño de bosques de Coahuila) basaba su argumento
en dos observaciones: frecuentemente la lluvia no caía
sobre áreas arboladas, y la lluvia seguía cayendo
en áreas donde los bosques habían sido talados.71
Creía que la justificación para la conservación
forestal recaía en la grandeza de los antiguos bosques
más que en su supuesta contribución a la precipitación
pluvial. Santos Coy aventuraba que aún aquellos a quienes
no conmovía el espectáculo de la belleza rústica,
estarían de acuerdo en que había un cierto grado
de barbarismo en el destruir bosques que eran la obra de centurias.
Sin embargo, estaba dolorosamente consciente que algunos grupos
persistían en arruinar esos irremplazables bosques por
la ganancia económica. Lo que preocupaba aún más
a Santos Coy eran aquellos que destruían la belleza de
sus propios alrededores: "Y aún entre la gente de campo...
hay aquellos que creen en el valor del dinero o el oro... hablo
de ellos porque estos propietarios de terrenos están
condenados a la decadencia y a la ruina... quienes quieren exprimir
sólo el jugo, dejando la cáscara de la fruta."72
Santos Coy concluía que las leyes no podrían lograr
nada si la gente quería destruir sus bosques. Únicamente
cuando la gente entendiera que el daño que le hacían
a su tierra cortando los bosques superaba a la ganancia económica,
entonces cambiaría sus actividades.73
Hasta
cierto punto, los funcionarios de alto nivel del gobierno, estaban
influenciados por argumentos en favor de la protección
de los recursos. En 1894, el régimen de Díaz promulgó
una ley forestal que, entre sus más importantes disposiciones,
autorizaba al gobierno para establecer reservas forestales en
los terrenos nacionales.74 En 1898, el régimen de Díaz
utilizó esta disposición para hacer del Mineral
del Chico en Hidalgo un bosque nacional. El gobierno declaraba
que deberían utilizarse todos los medios para conservar
los bosques en este territorio.75 Se había establecido
en México el precedente para un sistema de reservas forestales.
La
ley de 1894 también contenía las primeras disposiciones
generales para la conservación de la fauna silvestre.
Los únicos animales excluidos de la protección
eran los animales "feroces y peligrosos", que el gobierno especificaba
podían ser cazados en cualquier época del año.
Las autoridades federales prohibieron la cacería de animales
jóvenes y de hembras de especies cuyo número estuviera
disminuyendo. Les prohibían a los cazadores matar o molestar
aves nocturnas y otras que se comían a los insectos en
los bosques y prohibían estrictamente la destrucción
de nidos y huevos. Los cazadores tampoco podían prender
fuegos, tender trampas, aprovecharse de inundaciones o nevadas,
o usar linternas en la noche para facilitar la captura de sus
presas. El gobierno también declaraba fuera de la ley
el uso de explosivos para matar peces. Por último, los
cazadores y los pescadores tenían que obtener permisos
para realizar sus actividades.76 Como en el caso de las disposiciones
forestales, el régimen de Díaz nunca aplicó
estrictamente estas medidas de conservación.
Pero
había miembros del Ministerio de Obras Públicas
comprometidos con la protección de la fauna silvestre
y de los bosques. En 1906, el ministerio publicó extractos
de las memorias de las conferencias en la Exposición
de Flores, Aves y Peces. Los conferenciantes exponían
que, aunque algunas aves comían frutas, ello no justificaba
matar, hasta el punto de extinción, aves hermosas y útiles
que asimismo comían insectos.77 También en 1906,
en respuesta a la petición de la Sociedad Audubon para
proteger las garzas en México, el subsecretario de obras
públicas dirigió una carta al gobernador de Oaxaca
pidiéndole proteger esa ave, no sólo porque era
un beneficio para la agricultura, sino también porque
representaba un tesoro público (una veda nacional para
la caza de garzas, sin embargo, no fue impuesta sino hasta 1922).78
El
Ministerio de Obras Públicas también llamaba la
atención persistentemente sobre el grave problema de
la desforestación en México. El secretario advertía
que, aunque el uso de carbón podría disminuir
la presión sobre los bosques, la reforestación
no debería suspenderse. Para estimularla, la Secretaría
distribuyó numerosas publicaciones sobre bosques y semillas
de árboles en muchas áreas de México.79
Aquellos
dentro del Ministerio de Obras Públicas que se preocupaban
por la protección de los recursos naturales, estaban
librando una difícil batalla. Los altos funcionarios
en el régimen de Díaz tenían únicamente
un limitado interés en la conservación, circunscrito
principalmente a la preocupación ocasional sobre la disponibilidad
de los recursos naturales para el desarrollo industrial. Bajo
tales circunstancias, era difícil hacer efectivas las
presiones para una política de conservación. Sin
embargo, en Miguel Ángel de Quevedo, la causa de la conservación
ganó un ardiente e infatigable defensor del medio ambiente
natural. Durante la primera mitad del siglo XX, dirigiría
una cruzada a favor de los bosques de la nación. Encontraría
considerable oposición a sus propuestas, pero también
éxitos tangibles.
