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Capítulo Seis

La declinación de la conservación:1940-1970

Durante los cuarenta, México inició una era de rápido crecimiento demográfico, urbanización e industrialización que aceleró el deterioro del ambiente. Entre 1940 y 1970, la población de México creció explosivamente de veinte millones a cuarenta y ocho millones. Durante ese mismo período, el número de mexicanos que vivían en áreas urbanas, aumentó de cuatro a veinticuatro millones.1 Al mismo tiempo de estos cambios demográficos, la contribución del sector industrial al producto nacional creció de 25 a 34%.2 La concentración excesiva de gente y fábricas en la Ciudad de México y otras áreas urbanas culminó en problemas masivos de contaminación.

Trágicamente, también la confluencia de un rápido crecimiento demográfico y la promoción gubernamental de la industrialización dieron como resultado una despiadada explotación de los suelos, aguas, bosques y fauna de la nación. Los funcionarios del gobierno no sólo canalizaron los recursos naturales hacía el sector industrial, sino que también industrializaron el uso de los propios recursos naturales. Dando subsidios (principalmente a los prósperos agricultores del noroeste de México) para usar maquinaria pesada, fertilizantes inorgánicos, pesticidas y variedades de plantas de alto rendimiento, construyendo grandes presas hidroeléctricas y consolidando regiones forestales para estimular su explotación racional y eficiente, el gobierno mexicano estaba, en efecto, sometiendo a los recursos naturales al mismo proceso mecanizado de producción en gran escala que caracterizaba al sector industrial. A través de sus programas de desarrollo, el gobierno mexicano fue un agente principal en el deterioro ambiental del país. En parte por apatía, y en parte por los tremendos obstáculos para hacer cumplir las leyes de conservación, los funcionarios oficiales también dejaron de constatar el daño ambiental que hacían los particulares. Como participantes y como espectadores, los políticos mexicanos contemplaron la destrucción de los recursos naturales de su nación.3

Para los años setenta, los funcionarios oficiales, de mala gana empezaron a reconocer que sus políticas habían contribuido a la crisis ambiental de México. ¿Pero qué con el período entre 1940 y 1970, cuando el compromiso de los funcionarios del gobierno hacia la industrialización era inconmovible? ¿Qué tipo de políticas de conservación salieron de un período en el que una de las más altas prioridades del gobierno era proporcionar recursos naturales para el desarrollo industrial?

No es de sorprender que la mayoría de los altos funcionarios pusieran poco énfasis en la conservación. Los presidentes mexicanos aún hablaban de esta necesidad, pero sus acciones generalmente desmentían sus palabras. Los programas de conservación no tenían suficientes fondos y las agencias en este sentido, carecían de personal. Aunque el gobierno promulgó durante el periodo poscardenista algunas enérgicas leyes sobre la materia, rara vez se iniciaban programas de conservación vigorosos. En una época en la que el objetivo principal del Estado era la rápida industrialización, la élite política no estaba dispuesta a hacer cumplir leyes que prohibían o restringían el uso de los recursos naturales.

Los mismos conservacionistas gubernamentales tenían posturas concordantes con la estrategia general de desarrollo industrial. Luis Macías Arellano, jefe de varias agencias de conservación en México entre 1946 y su muerte en 1962, fue vocero de muchos de sus colegas cuando aseveró que la conservación y la industrialización eran metas compatibles. Después de reconocer que la conservación era necesaria para el futuro desarrollo de México, afirmaba que:

"Incuestionablemente el establecimiento de nuevas industrias afectará a los recursos naturales, sin embargo, están orientadas en tal forma que ayudarán y no obstaculizarán la conservación... creo firmemente que México estará trabajando eficientemente en un futuro cercano y podrá solucionar sus problemas de conservación sin detrimento de la expansión industrial, balanceando el suministro para llenar las necesidades".4

Los funcionarios dedicados a la conservación creían que mediante un uso sensato de los recursos, las industrias tendrían perpetuamente asegurada una provisión adecuada de materias primas.

Dentro de los círculos gubernamentales, la utilidad económica se convirtió en la razón primaria para la conservación. Los funcionarios que trabajan en la conservación, como Macías Arellano, etiquetaban peyorativamente como románticos a quienes abogaban por la estricta protección de los bosques y la fauna por causas estéticas, éticas o biológicas. Aunque todavía existían restricciones para la explotación de los recursos naturales, "uso" se convirtió en la palabra operativa.

El equilibrio que Cárdenas había mantenido entre el desarrollo de los recursos a pequeña escala en el sector tradicional, y el de agricultura e industria "modernas" fue abandonado, en gran parte, por el sucesor Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Quien promovió la expansión de negocios agrícolas a fin de crear la infraestructura para la industrialización misma. Al producir cosechas con valor en efectivo, estas empresas generarían ingresos por exportación que el gobierno podría usar para comprar equipo industrial en el extranjero. Advirtió, sin embargo, que México no estaba en posición para competir como un país industrial en el mercado internacional. En su lugar, México debería industrializarse para cubrir sus necesidades domesticas y así romper el circulo de dependencia en que exportaba materias primas baratas e importaba bienes manufacturados caros. Ávila Camacho concluía, entonces, que para prosperar en un sistema dominado por potencias económicas extranjeras "México debería buscar no ser un país exclusivamente industrial. Debería procurar, por el contrario, ser un país preeminentemente agrícola."5

El pronunciamiento de Ávila Camacho era importante, porque si México iba a ser un país fundamentalmente agrícola tendría que conservar sus suelos. De lo que había visto en los informes de gobierno y en sus propios viajes, había llegado a notar el grado de la erosión de los suelos en México. Reconoció que la erosión era un problema grave ligado a la desforestación, pero no limitado a ella. La reforestación era necesaria, particularmente a lo largo de las cuencas hidráulicas, pero era más crítico enseñar técnicas de conservación a los agricultores de la nación. Al enfatizar la conservación forestal, Miguel Ángel de Quevedo había tocado sólo una parte del problema de la erosión del suelo. Ávila Camacho trató de rectificar esta situación ampliando el campo de los esfuerzos de conservación en México. Declaró que la erosión del suelo representaba "una causa de empobrecimiento nacional que había sido subestimada, pero que era tiempo de un trabajo correctivo bien establecido y racionalmente planeado."6

Ávila Camacho dio el primer paso en esto cuando creó el Departamento de Conservación del Suelo, dentro de la Comisión Nacional de Irrigación. Les pidió a los conservacionistas del suelo gubernamentales dar especial atención a la prevención de la erosión de este recurso en las cuencas de los ríos y en los distritos de riego donde los sedimentos estaban azolvando las represas y atascando los canales de riego. La misión del departamento, en general, era divulgar el problema y capacitar a los agricultores mexicanos en los medios para el cuidado de la tierra.7

Para llevar a cabo esta misión, el Departamento de Conservación del Suelo creó distritos de conservación del suelo, la misma unidad que se había creado en los Estados Unidos después del Dust Bowl. En 1943, el gobierno mexicano estableció los dos primeros distritos de conservación del suelo en los estados de México y Tlaxcala en el México central. A pesar que Ávila Camacho asigno únicamente nueve millones de pesos para el mantenimiento de tierras cultivables durante su sexenio, el Departamento pudo establecer ocho distritos de conservación más al final de su presidencia.8

En 1946, Ávila Camacho logró que se promulgara una memorable ley de conservación de suelo y agua. La legislación fue la primera de su clase en México y se ha mantenido como el principal documento nacional sobre conservación del suelo y agua. La premisa central del estatuto es que la conservación de ambos es básica para la agricultura del país. La administración de Ávila Camacho declaró expresamente que era de interés público la prevención de la erosión del suelo y de las inundaciones. Para lograr estas metas, el gobierno promovió la difusión de técnicas de conservación para los agricultores, el establecimiento de distritos de conservación, y el desarrollo de educación conservacionista entre los jóvenes, los campesinos* y toda la nación. La Secretaría de Agricultura se comprometió a estudiar y adoptar los mejores medios de conservación de los suelos y aguas de la nación. Entre los medios mencionados en la propia ley estaban terrazas, presas, diques, arado en contorno, resembrado con árboles y pastos, rotación de cultivos, control de cuencas e irrigación adecuada.9

Los funcionarios mexicanos querían aprender más sobre las técnicas de conservación que se aplicaban en los Estados Unidos. La Ley de Conservación del Suelo y el Agua estableció un fondo para becas con el que los científicos y los estudiantes de agronomía dentro del Departamento de Conservación del Suelo pudiesen estudiar en universidades de los Estados Unidos.10 Sin embargo, no todos los agrónomos mexicanos creían que su país debería adoptar las prácticas de conservación norteamericanas. José Navarro Sámano, entre ellos, sostenía que los campesinos habían rechazado las técnicas de conservación promovidas por el gobierno debido a su naturaleza poco familiar. Advertía que "uno debe usar las experiencias obtenidas en trabajos similares en los Estados Unidos sólo como una guía para nuestra labor, pero nunca pensar que si fueron buenas allá tendrán que ser buenas acá."11 El balance adecuado entre las técnicas prestadas y las innovaciones locales era algo en lo que los agrónomos mexicanos no se podían poner de acuerdo fácilmente.

En 1946, el nuevo presidente, Miguel Alemán (1946-1952), transfirió la responsabilidad de la protección de los suelos de la nación a la Secretaría de Agricultura. En el cambio, bastantes conservacionistas perdieron sus trabajos.12 Algunos de aquellos que dejaron el gobierno dirigieron sus esfuerzos a proyectos cívicos para la conservación del suelo. El mismo Ávila Camacho fue nombrado presidente honorario de "Amigos de la Tierra", una organización privada de conservación dedicada a la divulgación de las técnicas de conservación del suelo entre los agricultores mexicanos.13

Aquellos agrónomos que obtuvieron trabajos dentro de la Secretaría de Agricultura siguieron apoyando el desarrollo y el incremento de programas de conservación de suelos, pero sólo unos pocos de sus superiores compartían tal entusiasmo. Más aún, los presupuestos disponibles no permitían una expansión de las actividades conservacionistas. En su lugar, el gobierno presentó un disminuido programa de conservación del suelo. Los funcionarios de agricultura estimularon la creación de comisiones estatales de conservación de suelo y agua. El gobierno colocó otras regiones en las manos de juntas locales de conservación.14

Como otra medida para reducir costos, la administración de Alemán creó brigadas motorizadas de agrónomos. Viajando por las principales carreteras de México, estas daban información y demostraciones sobre técnicas de conservación del suelo a los agricultores que vivían en las cercanías. En cada parada, los agrónomos trataban de establecer juntas locales conservacionistas. Participando en esta precaria operación a pequeña escala, los agrónomos del gobierno anualmente visitaban alrededor de treinta ciudades y pueblos en cada estado de la República. Sin embargo, tales políticas creativas no eran un substituto para un fuerte programa nacional de conservación del suelo.15

El Distrito de Conservación del Suelo de Saltillo nos da un ejemplo de cómo los programas de conservación de este recurso, desarrollados durante las administraciones de Ávila Camacho y Miguel Alemán, afectaron a las comunidades locales. A mediados de los cuarenta, los conservacionistas del suelo en el Distrito de Saltillo (en el estado de Coahuila, al norte de México) habían promovido la práctica de rotación de cultivos y el surcado en contorno, la plantación de viñedos y nogales en terrenos con suelos calizos, el uso de nogales y membrillos como rompevientos, la plantación de trigo en los valles y huertos de manzanas en las laderas de las montañas, y la formación de juntas de propaganda para la conservación del suelo.16 Una década después, Philip Wagner, un geógrafo estadounidense, produjo un estudio de uso de recursos en Parras, Coahuila, que formaba parte del Distrito de Saltillo. Wagner advirtió cómo los suelos alrededor de Parras habían sido afectados por la labranza, cría de cabras, tala de madera, el uso exagerado del agua, y la siembra continua en un solo lugar de cosechas como maíz y algodón (en contraposición a la rotación de cultivos).17 Wagner se sorprendió por la irónica suerte de los campesinos*: "Es en regiones como Parras, donde gran número de personas viven casi a nivel de sobrevivencia, que el agotamiento de los recursos es un asunto de vida o muerte. Desafortunadamente, es en este mismo tipo de comunidades pobres, donde aparecen las más fuertes influencias para aumentar la intensidad y la velocidad en el uso de los recursos."18

A pesar de todo, el campesino* no era la única parte culpable de la degradación de la tierra. Como notó Wagner, los agricultores prósperos también trataban mal la tierra: "Las grandes empresas agrícolas... a veces son más consideradas con el suelo, pero ésta es una de esas tierras de oportunidades donde primero viene la riqueza y después la sabiduría, y muchas grandes operaciones están degradando sus tierras con franqueza y entusiasmo."19 Los conservacionistas del suelo gubernamentales hicieron un pequeño progreso en la región de Parras:

"Algunos de los ciudadanos de Parras han constituido organizaciones locales para mejorar los métodos de cultivo, y han aplicado técnicas eficientes en sus propias tierras. El gobierno federal mexicano también se ha interesado en algunos de los problemas del área, principalmente en los forestales y en el abastecimiento de agua, y ha instalado agencias para el estudio científico y la educación. Pero el problema de los recursos sigue siendo muy grave, y ninguna de las medidas ya instituidas es lo suficientemente radical como para evitar que siga el deterioro.20

Por lo menos, los agricultores de Parras habían recibido ayuda de los conservacionistas del suelo gubernamentales. La gran mayoría de los agricultores mexicanos nunca habían conocido a un conservacionista del suelo. Gonzalo Blanco Macías, un agrónomo mexicano que trabajaba para la Unión Panamericana, escribió en 1950, sobre los muchos agricultores mexicanos que ignoraban acerca de las técnicas de conservación de suelo:

"Como México sufre de una escasez de tierras cultivables, aún las laderas se usan para propósitos agrícolas, y esto necesita de técnicas agrícolas especiales, tales como surcado en contorno, terraceo, franjas alternadas de cultivo, y otros medios. Sin embargo, muy pocos pequeños agricultores han oído de estas prácticas, y se han acostumbrado a plantar sus cultivos en cualquier terreno que se encuentre disponible, algunas veces en taludes de hasta 45 grados. En esta forma, han estado destruyendo la única cosa que hace posible su existencia.21

La retórica gubernamental frecuentemente identificaba la protección de los suelos de la nación como una necesidad imperiosa. En 1955, el presidente Adolfo Ruiz Cortines afirmó que la erosión del suelo era el "gran enemigo de nuestro progreso económico."22 Sin embargo, la cantidad de fondos públicos dirigidos a la rehabilitación y conservación de suelos permanecía casi nula. Después de tomar en cuenta el 33% de devaluación del peso que ocurrió durante la presidencia de Ruiz Cortines, el presupuesto real de la Oficina de Conservación del Suelo y el Agua permaneció en el mismo nivel, o aún disminuyó, entre 1953 y 1958. Los agrónomos dentro de la oficina estaban descorazonados por la falta de atención de Ruiz Cortines a la conservación del suelo, en un momento en que las crecientes poblaciones estaban exponiendo a la erosión grandes extensiones de tierra.23

El presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) actuó según el mismo patrón. Durante su campaña presidencial en 1958, López Mateos declaró que "la erosión del suelo es uno de los más serios problemas que confronta México, y es necesario evitar, esforzándonos mucho todos los días, la destrucción del patrimonio de cada generación."24 Aún así, en 1960 sólo ochenta especialistas en suelos se habían inscrito en la escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. El programa de becas (establecido en 1946 por la Ley de Conservación de Suelo y Agua) que mandaba agrónomos mexicanos al extranjero para estudiar técnicas de conservación de suelo y de agua, estaba prácticamente muerto. De acuerdo con estimaciones oficiales, los agricultores estaban aplicando técnicas de conservación de suelo sólo en 300,000 de los 16 millones de hectáreas de tierras cultivadas (la cifra real puede haber sido mayor, ya que el gobierno pasó por alto a aquellos campesinos que usaban prácticas de conservación tradicionales).25

Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordáz (1964-1970), los agrónomos lograron la aplicación de prácticas de conservación de suelo en otras 240,000 hectáreas. Sin embargo, este logro fue ampliamente superado por la cantidad de tierra cultivable perdida por la erosión, que totalizó casi un millón de hectáreas durante ese período presidencial. Al comienzo de su administración, únicamente el 1.1% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura estaba destinado a conservación de suelo y agua. Al final de la presidencia de Díaz Ordáz, esta cifra apenas si se había duplicado, llegando al 2.3%, un cambio en las estadísticas que no consolaba a los conservacionistas.26 La retórica del gobierno sobre la necesidad de conservación del suelo pudo haber sido sincera, pero no había sido respaldada por suficientes recursos económicos y humanos. Los funcionarios oficiales señalaban que la erosión del suelo era una tragedia nacional, pero no estaban dispuestos a convertir la prevención de la erosión en una prioridad nacional.

Como en el pasado, el gobierno era, en parte, responsable por la explotación de los recursos naturales por los campesinos ya que los obligó a entrar en una economía de mercado para el beneficio de una élite económica. En este momento, el Estado promovió los intereses de los industriales a costa del campesinado. Específicamente, el gobierno instituyó controles de precios agrícolas para mantener bajos los costos industriales y la paz urbana y elevó las tarifas arancelarias para proteger a las industrias domésticas de la competencia extranjera. Como resultado de estas políticas, muchos campesinos* tuvieron que producir más alimentos para comercializar y obtener los ingresos necesarios para comprar diversos bienes de consumo e insumos agrícolas (otros se integraron a la fuerza laboral urbana, lo que abatió aún más los costos industriales). Junto con el crecimiento de la población rural, y la inevitable parte de prestamistas e intermediarios, el programa de desarrollo del gobierno exacerbó los problemas de desforestación y de erosión del suelo al obligar a los campesinos a abrir a la producción tierras marginales. Como un repudio final a la economía de subsistencia, el gobierno destinó la mayor parte de su apoyo a la agricultura para los ricos terratenientes más que para los campesinos.27

Entonces, como se podía esperar, el más duradero efecto de Ávila Camacho sobre la agricultura no fue en el área de conservación del suelo, sino en el de "modernización" agrícola. En un trascendental acuerdo en 1943, Ávila Camacho aprobó un programa de la Fundación Rockefeller para mejorar las variedades de trigo y maíz, controlar las plagas destructivas de las plantas, e incrementar la productividad del suelo. El secretario de agricultura de Ávila Camacho, Marte R. Gómez, apoyó también el programa de la Rockefeller, declarando que sería "indudablemente favorable al desarrollo de la agricultura en México."28 Aunque los miembros de la administración de Ávila Camacho pueden no haber estado al tanto de todos los detalles del programa de la Fundación, ellos, junto con muchos científicos mexicanos, estaban ansiosos de aumentar la producción agrícola por cualquier medio posible.29

El enfoque de la Fundación Rockefeller hacia la producción agrícola, con su base en la reproducción de plantas, pronto se convirtió en parte integral de la investigación y la educación agrícolas de México. En 1961, el gobierno mexicano se hizo cargo totalmente de la operación del programa de la Fundación. En la práctica, la Revolución Verde, como se llamó al programa, requería maquinaria pesada, riego extensivo, fertilizantes inorgánicos, y pesticidas para asegurar el éxito de los nuevos híbridos.

La clave de la Revolución Verde fue el desarrollo de variedades enanas de granos que pudieran asimilar grandes cantidades de fertilizantes químicos sin doblegarse. Los agricultores regaban intensamente sus campos para que las plantas pudiesen absorber dosis aún mayores de los nutrientes artificiales. También aplicaban pesticidas para controlar insectos, hongos y malas hierbas que proliferaban en el húmedo microambiente y para combatir las plagas de plantas especificas que amenazaban los monocultivos de ésta Revolución (en algunos casos, los genetistas de plantas desarrollaron granos resistentes a varias enfermedades, pero debido a mutaciones las plagas pudieron atacar a las plantas después. Con el tiempo, los insectos y otras plagas desarrollaron también resistencia a los pesticidas). Las nuevas tecnologías cumplieron su función en términos de aumentar el rendimiento, pero produjeron consecuencias que se extendieron más allá del ámbito de la agricultura. La Revolución Verde tuvo como resultados el envenenamiento por pesticidas, el escurrimiento de fertilizantes inorgánicos hacia arroyos y ríos, y la pérdida de la fertilidad y humedad del suelo (debido a la aplicación de fertilizantes inorgánicos), y por lo tanto, dañó tanto a la población como al mundo natural.30

México buscó la modernización de las técnicas agrícolas sin considerar el impacto de las mismas sobre el medio ambiente. Más aún, la Secretaría de Agricultura consideraba la productividad como una tarea más importante que la conservación, a pesar del hecho de que el rendimiento de las cosechas dependía, en última instancia, de una adecuada capa superior de tierra fértil. La promesa de una producción cada vez mayor usando la ciencia moderna, puede, de hecho, haber aligerado la preocupación del gobierno sobre el acelerado ritmo de erosión del suelo en todo el país. En forma similar, muchos encargados de la planeación sentían que el dotar de agua barata a los agricultores, por medio de proyectos de riego, mitigaba la necesidad de tomar medidas para la conservación del suelo y el agua. Desde su punto de vista, se podría dotar de agua a tierras en que fuera escasa, y se podrían abrir al cultivo nuevas tierras para sustituir aquellas pérdidas por la erosión.

Como indican las cifras de el cuadro 2, hubo un gran incremento en la extensión de las tierras puestas bajo riego durante los cuarenta y los cincuenta.31 La mayor parte de los proyectos de riego que se construyeron en el período se dirigieron a los prósperos estados agrícolas del noroeste de México.32

No todos los funcionarios oficiales aprobaron la presión a que se sujetaba la expansión de proyectos de irrigación. Gonzalo Andrade Alcocer, un investigador científico del Servicio Mexicano de Conservación del Suelo y el Agua durante la administración de Alemán, advirtió que la construcción de proyectos de riego no era la panacea para los problemas agrícolas del país. Hizo notar que en muchas áreas la erosión por viento y por agua había dejado sólo una delgada capa de tierra fértil. Andrade Alcocer exhortaba a los mexicanos a enrolarse en un inmenso programa de conservación para asegurar a la población contar con alimentos en el futuro.33 Gonzalo Blanco Macías compartía la creencia de su colega sobre la importancia de la conservación. Insistía que México debería mantener un equilibrio balanceado entre la agricultura y la industria. Creía que la capacidad para mantener la industria dependía de un sector rural próspero, y que éste era imposible sin la conservación del suelo y el agua.34

El conservacionista estadounidense William Vogt, que encabezaba ésta en la División de Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana, tocó el mismo tema en el Segundo Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, llevado a cabo en la Ciudad de México en 1945. Vogt sostenía que las tierras adecuadas para el riego podrían ser regadas en cualquier momento en el futuro, pero que la tierra que se deslavaba y desaparecía en cada época de lluvias no podía esperar. El futuro de México era sombrío si la gente seguía destruyendo la productividad de la tierra a cambio de una ganancia económica a corto plazo.35

Replicando a Vogt, Adolfo Orive Alva, director de la Comisión Nacional de Irrigación, alegaba que los trabajos extensivos de irrigación que había llevado a cabo el gobierno mexicano en realidad reducirían la erosión del suelo en el país, ya que muchos campesinos emigrarían a las nuevas zonas agrícolas, en vez de seguir explotando las tierras marginales.36 Sin embargo, la visión de Orive Alva era ingenua, ya que los grandes proyectos de riego construidos en el norte de México, nunca fueron dirigidos al beneficio del campesino.

En un nivel básico, Orive Alva disentía de sus colegas acerca de la importancia de la agricultura para el futuro de México. Como Secretario de Recursos Hidráulicos de Alemán, Orive Alva pensaba que antes que usar el agua para riego, debería ser usada para generar electricidad. Razonaba que debido a su topografía y falta de lluvia, México nunca llegaría a ser un gran país agrícola. Por lo tanto, debería dirigir sus esfuerzos hacia la industrialización, y una de las claves de ésta, era el desarrollo de energía hidroeléctrica barata.37

La máxima prioridad de Orive Alva era la construcción de presas en zonas húmedas, para controlar las inundaciones y generar fuerza hidroeléctrica. En 1947, nombró una comisión para estudiar el potencial de desarrollo de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Papaloapan (localizada en las regiones tropicales de Oaxaca, Puebla y Veracruz) Pronto, los ingenieros estaban construyendo presas en la cuenca. El proyecto del Papaloapan empezó a ser mencionado como la TVA (Tennessee Valley Authority–Autoridad del Valle de Tennessee) tropical, porque abarcaba el desarrollo con propósitos múltiples y a gran escala de la cuenca de un río.38

Otra semejanza entre la TVA y los proyectos de presas de Alemán era el tratamiento de las cuencas como una unidad. Tanto Franklin Roosevelt, en su tiempo, como Alemán, en el suyo, dieron protección legal a los bosques en las vertientes que surtían represas y dirigieron los esfuerzos de reforestación a aquellas cuya cubierta fértil ya se había afectado.39 Tomaron estas medidas para reducir la formación de limo antes de las presas. Tanto en México como en los Estados Unidos, la conservación del bosque era una parte importante del desarrollo de los recursos hidráulicos. Orive Alva argumentaba que el uso del agua con propósitos múltiples ya era en sí una medida de conservación. Empero, como otros hicieron notar, las presas no conservan el agua, sino que la canalizan para el uso humano. De hecho, se evapora más agua de los depósitos que de los ríos que fluyen libres debido al aumento de superficie y, por ello, las presas son más un aspecto del desarrollo de los recursos acuíferos que de la conservación del agua.

Sin embargo, desde la perspectiva de los funcionarios hidráulicos, toda el agua a la que no se aplicaba un uso productivo era desperdiciada. José Hernández Terán, Secretario de Recursos Hidráulicos durante la administración de Díaz Ordáz,definió adecuadamente la misión de su dependencia como la de "fomentar la distribución racional del agua para que sea usada donde se puedan obtener los mayores beneficios económicos y humanos."40 Los principales objetivos de la Secretaría eran el llevar grandes volúmenes de agua a donde más se necesitara y reducir su descarga al mar. Los funcionarios reconocían que también se requerían algunas medidas de conservación, tales como el recubrimiento de canales, la recolección del agua de lluvia, y el cuidadoso reuso de las aguas de drenaje, para evitar la contaminación de las corrientes y del agua subterránea. Además, buscaban restaurar las tierras que se habían ensalitrado debido a las deficientes prácticas de drenaje (la salinización es causada por la evaporación del agua de riego que ha recogido sales del suelo).41 Sin embrago, estas iniciativas recibieron mucha menos atención de la Secretaría de Recursos Hidráulicos que la construcción de presas y los proyectos de irrigación.

Las políticas forestales en las épocas posteriores a Cárdenas reflejaron las cambiantes actitudes hacia la conservación de los recursos y el uso de los mismos. Aunque reconocía el valor biológico de los bosques del país, la administración de Ávila Camacho enfatizaba la importancia de desarrollar prudente y eficientemente los recursos forestales de México para el progreso de la industria. En un discurso de 1941, el presidente Ávila Camacho indicaba que su interés en la conservación de los bosques era básicamente de naturaleza económica:

"El gobierno ha recurrido a la conservación para evitar su [de los bosques] destrucción inútil debido a la tala excesiva y a incendios que devastan nuestras ya insuficientes reservas de madera. La destrucción de los bosques tiene un efecto desfavorable sobre el clima y la lluvia, contribuyendo así al aumento de precios de importantes materias primas, y causa la destrucción rápida, por erosión, de suelos agrícolas creados por la Naturaleza en miles de años"42

El énfasis de la administración sobre la conservación de los bosques como complemento del desarrollo económico es aún más aparente en un discurso del Día del Árbol, dado por Fernando Quintana, jefe de la Oficina Forestal y de Caza en 1942:

"México se encontrará en una posición ventajosa si utiliza racionalmente sus recursos forestales, promoviendo el establecimiento de industrias forestales que beneficien al país, por medio del uso de coníferas en las zonas templadas y de especies inapreciables que, hasta ahora, en su mayoría, han sido sujetos de explotación con gran perjuicio para la economía nacional".43

Durante la década de los cuarenta, los funcionarios mexicanos comenzaron a ver los bosques como almacenes de materias primas críticas para el desarrollo de una economía industrial (tales como gomas y resinas). La demanda de madera por parte de los aliados durante la Segunda Guerra hizo que los funcionarios mexicanos estuviesen muy conscientes del valor potencial de sus bosques.44

En su búsqueda para asegurar una adecuada provisión de productos forestales para la industria, la minería, la fabricación de pulpa, el transporte, la construcción y como materiales bélicos, la administración de Ávila Camacho creó una importante nueva entidad: la unidad industrial de explotación forestal.45 El gobierno colocó pequeñas propiedades colindantes bajo un solo plan de manejo. Los funcionarios creían que esa consolidación eliminaría el desarrollo irracional de los bosques que había resultado de las reformas agrarias (bajo las cuales los bosques habían sido divididos en pequeñas parcelas). Al educar a los dueños de unidades industriales de explotación forestal sobre los principios del rendimiento sostenido y al obligar a las compañías madereras a reforestar, el gobierno confiaba que con ello se podría garantizar a las industrias un suministro continuo de productos. Ya que los funcionarios forestales podían vetar cualquier contrato de compra-venta entre los dueños de los bosques y las compañías madereras, se suponía que, teóricamente, podrían bloquear operaciones forestales realizadas por compañías que tuvieran malos antecedentes en términos de conservación. Sin embargo, de hecho no se llevó a cabo una selección cuidadosa y, en consecuencia, la desforestación continuó a pasos agigantados.46

Miguel Alemán adoptó un tono más cuidadoso en relación a la explotación forestal. La "convicción" de Alemán era que las áreas forestales deberían ser desmontadas para usos agrícolas o industriales sólo cuando ello fuera el mejor uso que se le podía dar a la tierra. Estableció reservas forestales y zonas protegidas en las cuencas hidráulicas para cuidar los sistemas de irrigación y de generación de energía hidroeléctrica y decretó una veda total de los bosques en los estados de México, Querétaro, Morelos y el Distrito Federal para garantizar su recuperación.47

En 1948, Alemán aprobó una Ley Forestal que, en el papel, incorporaba mucho del espíritu de los años de Cárdenas. En ella, el ejecutivo federal declaraba que además de asegurar una fuente permanente de productos forestales, era necesaria una cubierta forestal para evitar la erosión del suelo, facilitar la recuperación de áreas ya erosionadas, ayudar a la formación de suelos fértiles donde ya se habían acabado, evitar inundaciones y facilitar el almacenamiento de agua, conservar y embellecer centros turísticos, conservar y mejorar las condiciones climáticas en toda la República (al humedecer los vientos y moderar el clima), convertir pantanos y ciénagas insalubres en tierras que la gente pudiera usar, proteger a las ciudades contra las polvaredas, embellecer los centros urbanos y proporcionar a sus cansados habitantes un lugar de descanso y preservar los hábitats de la fauna silvestre.

La ley exigía a las compañías que operaban en unidades industriales de explotación forestal la plantación de diez árboles por cada metro cúbico de madera que cortaran, planteaba el mantenimiento de viveros forestales, y autorizaba el corte de madera únicamente cuando no afectara la capacidad productiva de los bosques.48 Evidentemente, Alemán quería proteger la riqueza forestal de la nación.

En el discurso del Día del Árbol en 1951, Alemán recordó las palabras de Miguel Ángel de Quevedo: "Los árboles son una fuente de riqueza en madera y en fruta, conservan la tierra y son el hogar de los animales, moderan el clima, enriquecen los manantiales que alimentan a los ríos, protegen contra el viento, dan sombra, y embellecen la campiña."49 Alemán presumía de que su gobierno había fortalecido sus esfuerzos para proteger la riqueza forestal de la nación adoptando las medidas más enérgicas permitidas por la ley, pero que la conservación requería la colaboración de todos. En particular, pedía a todos los ciudadanos plantar árboles en cada terreno disponible y respetar los límites que se habían fijado para el uso de los bosques. Alemán prometía que su administración seguiría con sus esfuerzos para hacer efectivas las sanciones contra la indebida explotación de los bosques, establecería viveros forestales, distribuiría semillas y renuevos, y reforestaría al país. También expresaba su determinación para terminar con la exportación de madera sin procesar y para eliminar el uso del carbón de madera. Alemán enfatizaba que todos los mexicanos tenían la solemne responsabilidad de proteger los bosques de la nación, cuyo valor para la agricultura, la economía y la sociedad era incalculable.50

En este discurso, Alemán reconocía implícitamente que muchas de las metas de su administración no se habían alcanzado. La Ley Forestal de 1948 no había sido aplicada rigurosamente. La destrucción de los bosques en las cuencas hidráulicas seguía sin control.51 La campaña para suspender el uso de carbón de madera había producido resultados decepcionantes.52 En 1950 sólo había 12 estudiantes de silvicultura en México.53 En esta forma, el país carecía de un cuerpo técnico suficiente para vigilar sus bosques.

Sin embargo, el programa forestal de Alemán produjo algunos resultados exitosos. En 1947, los viveros forestales daban veinticinco millones de árboles, muchos de los cuales luego eran sembrados por todo México.54 desafortunadamente, empero, los funcionarios del gobierno no se preocupaban adecuadamente de muchas de las plantaciones forestales (Esta no era una falla exclusiva de la administración de Alemán).55 El gobierno tuvo éxito en la prohibición para cortar árboles de Navidad en 1951, pero ello sólo detuvo una amenaza menor para los bosques mexicanos.56 La administración de Alemán nunca tuvo éxito en el establecimiento de un programa efectivo de conservación forestal.

Como en la época de Cárdenas, Alemán se enfrentó a una tarea gigantesca intentando proteger los bosques. El gobierno de Alemán, sin embargo, parecía carecer de cierta dosis de voluntad cuando llegaba el momento de hacer cumplir los reglamentos forestales. Los funcionarios de conservación, convencidos de que el desarrollo industrial y la conservación eran objetivos compatibles, se equivocaron al evaluar las presiones que la expansión industrial estaba imponiendo sobre los bosques. Luis Macías Arellano, jefe de la Oficina Forestal y de Caza, habló en nombre del gobierno de Alemán cuando dijo que a México le preocupaba menos la clasificación taxonómica de los árboles que conocer cuáles eran los productos que se podían obtener de éstos.57 La administración de Alemán adoptó algunos de los elementos del programa de conservación de Cárdenas, pero como otros de los gobiernos después de éste último, su meta principal era la expansión de la industria forestal.

El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) mantuvo muchas de las políticas restrictivas de Alemán pero, al mismo tiempo, ofreció concesiones especiales (principalmente a las compañías de ferrocarril) que tuvieron como resultado la devastación de grandes zonas boscosas.58 El programa de obras públicas de Ruiz Cortines coincidió con una campaña forestal dirigida a disuadir a los campesinos de usar desperdiciada e irracionalmente los bosques. En una publicación titulada Campesino*: defiende tus bosques!, los funcionarios advertían a los labriegos que, a menos que ellos protegieran sus recursos forestales, los resultados de los programas de obras públicas del gobierno ,las carreteras, ferrocarriles, puentes y plantas hidroeléctricas, serían inútiles.59 La ironía, por supuesto, se encontraba en que estos mismos proyectos habían servido para la destrucción de los bosques mexicanos. Al acusar a los campesinos de usar de forma dilapidadora los recursos forestales que necesitaba el gobierno, Ruiz Cortines estaba haciendo resonar una queja familiar en la historia de México.

La administración de Adolfo López Mateos (1958-1964) echó a andar el programa forestal más completo y las metas más definidas en materia forestal desde la época de Cárdenas. Cuando López Mateos dio instrucciones al subsecretario forestal y de fauna, Enrique Beltrán, para desarrollar una política forestal que "no fuera romántica ni demagógica sino racional y científica", Beltrán aceptó con entusiasmo.60 Creía que las anteriores administraciones habían cometido un grave error al establecer severas restricciones para el uso del bosque:

"Otro aspecto negativo del período [la presidencia de Alemán] fueron las notorias restricciones a las actividades forestales, creyendo torpemente, como había sucedido desafortunadamente desde el principio de este siglo con las campañas del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, posiblemente bien intencionadas pero injustificadas, que el mejor medio de conservar los bosques era evitando su uso.61

Beltrán creía que un planteamiento tal para la conservación de los bosques estaba equivocado por varias razones: el gobierno negaba a los campesinos, una valiosa fuente de ingresos; el gobierno mismo perdía también valiosos ingresos fiscales; y no podía hacer cumplir las restricciones. De acuerdo a lo que predicaba Beltrán, el uso de los bosques no sólo beneficiaría al campesinado y a la nación, también estimularía la conservación, porque la gente desearía mantener un recurso que se había vuelto económicamente valioso.62 En la introducción de un informe sobre las actividades de su instancia de gobierno, Beltrán presentaba una sucinta declaración sobre su filosofía conservacionista:63

1. "Un claro reconocimiento de que los bosques, al mismo tiempo que protegen otros recursos de enorme valor, son también un recurso natural que puede beneficiar a la economía nacional".

2. "Un reconocimiento explícito de que la adecuada explotación de los bosques no produce su destrucción sino que, por lo contrario, contribuye a su conservación".

3. "La consecuente necesidad de abandonar el planteamiento exclusivamente restrictivo y punitivo, que las leyes y autoridades habían adoptado hacia la industria forestal, substituyéndolo por una política de promoción."

4. "La instauración de grandes unidades de explotación forestal ya que, por razón de la cantidad de sus inversiones, los dueños de tales unidades se preocupan por cuidar los bosques."

5. "La necesidad de acelerar la industrialización de los productos forestales en la forma más amplia posible, tanto para asegurar un uso más completo de la madera, como para aumentar su valor y generar empleos."

6. "La necesidad de tener una base verdaderamente científica para el manejo de los bosques."

7. "La necesidad de enfocarse en el aspecto socioeconómico del problema, particularmente en las necesidades de los pequeños propietarios y ejidatarios en las zonas forestales, quienes tradicionalmente han recibido el menor beneficio del bosque".

Beltrán había traducido estos "imperativos" a varias políticas: permitió a pequeños propietarios y ejidatarios vender sus productos forestales a cualquier individuo o compañía, consintió las operaciones madereras gobierno-campesinos en parques nacionales, eliminó muchas de las restricciones absolutas en el uso de los bosques, llevó a cabo un inventario de los bosques de la Nación, probó la eficiencia de los depredadores tanto químicos como naturales para combatir plagas, y experimentó con diferentes plantas para la revegetación de regiones áridas y semiáridas.64 Los defensores de Beltrán arguyeron que sólo la falta de un fuerte apoyo gubernamental había limitado la implementación exitosa de sus programas y la confirmación de su filosofía de conservación.65

La administración de Díaz Ordáz continuó enfocada hacia el uso de los bosques. El presidente dijo a los delegados para la Tercera Convención Nacional Forestal que quería evitar tanto la explotación extrema de los bosques, como su extrema conservación.66 Los mismos delegados discutieron los incentivos, tecnología, y técnicas de manejo que podían ser usados más efectivamente para explotar los recursos forestales del país. Estuvo ausente de las presentaciones el reconocimiento al valor biológico de los bosques.67

Durante su encargo, el subsecretario forestal y de fauna de Díaz Ordáz, Noé Palomares, insistió en la importancia de dotar a la industria con recursos forestales adecuados. De acuerdo a Palomares, México ya no podía darse el lujo de malgastar su riqueza forestal con esfuerzos de conservación equivocados: "Si no adoptamos prácticas silvícolas [como silvicultura de rendimiento sostenido], entonces perderemos cosechas ... Preservar esta riqueza [forestal] significa exponerla a muchos riesgos, dejando sin uso a millones de árboles maduros que deberían ser incorporados a la economía nacional."68 El traslado de una discusión a otros miembros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería acerca del papel que desempeñaban los bosques en el mantenimiento de los suelos y las dotaciones de agua69, propició que la mayoría de los conservacionistas oficiales abogaran por la conservación de los bosques por consideraciones estrictamente utilitarias.

Aunque la conservación forestal recibió más o menos atención de parte de las diversas administraciones posteriores a Cárdenas, la única constante fue el énfasis puesto en el valor económico de los bosques de México. Pero aún una mínima justificación económica para la conservación del bosque no contó con el favor de los altos funcionarios del gobierno. La mayoría de los políticos mexicanos no pudieron apreciar los diversos beneficios que proporcionaban los bosques de su país.

Los bosques mexicanos proveían invaluables productos para la industria, y sus suelos y aguas eran esenciales para la agricultura. Esta realidad sirvió para acicatear algunas actividades de conservación. Por el contrario, las tierras y la fauna silvestres raramente parecían tener un valor económico que justificara su conservación; de hecho, parecían ser un obstáculo para la expansión industrial y agrícola de México. Así que no debe sorprender la poca atención que la protección de las áreas y la vida silvestre recibió entre 1940 y 1970.

México fue uno de los signatarios de la Convención sobre Protección de la Naturaleza y la Preservación de la Fauna Silvestre, en 1944.70 Por lo tanto, se comprometió a asegurar la supervivencia de su flora y fauna nativas y a preservar los terrenos de gran belleza natural por medio del establecimiento de parques nacionales y otras áreas protegidas.71

Sin embargo, los presidentes de México crearon sólo siete parques nacionales entre 1940 y 1970.72 En 1944, siguiendo las políticas industriales gubernamentales, el Congreso mexicano modificó los límites del Parque Nacional Colima para excluir casi todas las áreas arboladas y permitir su explotación por una fábrica de papel.73 Otros parques nacionales, como el Cumbres de Monterrey, sufrieron de hecho una reducción en tamaño debido a la expansión urbana.74 En otros, el ganado, los agricultores, los madereros y los cazadores diezmaron la flora y fauna naturales. En los hechos, la mayoría de los parques nacionales de México sufrieron algún grado de daño.75

Los políticos mexicanos no dotaron a las agencias de conservación con suficiente personal para hacer cumplir las restricciones de uso del suelo en las reservas de la naturaleza.76 Enrique Beltrán argumentaba que México no podía crear nuevos parques nacionales, ya que no podía ni siquiera administrar efectivamente los que ya tenía.77 Eliminó áreas que no eran verdaderos parques nacionales y rectificó los linderos para excluir tierras que ya se hubieran dedicado a otros usos. También procuró lograr la expropiación de terrenos privados dentro de los parques nacionales (una meta que no pudo lograr).78 Tristemente, los esfuerzos de Beltrán marcaron el zenit de la política de parques nacionales entre 1940 y 1970.

Las poblaciones de fauna silvestre también sufrieron por la falta de protección legal, a pesar de la promulgación de una nueva ley de caza en 1952, al final de la administración de Alemán. Apoyados en este estatuto, los funcionarios de caza prohibieron el uso de venenos para matar animales, la caza comercial y la exportación de los despojos faunísticos, y restringieron la concesión de permisos de cacería sólo a clubes y asociaciones de cazadores. Además, vedaron la cacería en todos los parques nacionales (antes se había permitido en algunos) y reiteraron la necesidad de crear refugios de fauna silvestre, especialmente para la protección de especies amenazadas.79 Sin embargo, debido a que se carecía de un plan general de manejo y porque el gobierno no proporcionaba ni los fondos ni el personal necesario para hacer cumplir la ley, la persecución de la fauna silvestre en México no disminuyó.80

En algunos casos, el propio gobierno mexicano jugó un papel crítico en la casi desaparición de alguna especie. A principios de 1950, la Unión Panamericana junto con el Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos asesoró a asociaciones de ganaderos y al gobierno mexicano para desarrollar programas de control de depredadores. En 1954, funcionarios mexicanos y norteamericanos rociaron animales con 1080, un veneno altamente tóxico, para matar coyotes y lobos (violando la ley de 1952).81 Aún después de que se terminó el programa, los rancheros continuaron individualmente con el uso del 1080. En 1981, el Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos estimaba que sólo quedaban treinta lobos grises en el norte de México.82

Además de la cacería y los programas para control de los depredadores, las presiones poblacionales, el pastoreo y la expansión agrícola estaban amenazando a la fauna silvestre de nuestro país.83 De acuerdo a Luis Macías Arellano, a veces había que sacrificar a la naturaleza para que tuviera lugar el desarrollo. Por ejemplo, aducía que los lagos y los pantanos deberían ser desecados para que se pudiera aumentar la producción agrícola o, en otras palabras, esos hábitat tendrían que ser destruidos para que México pudiera alimentar a su creciente población. Por otro lado, Macías Arellano sostenía que los proyectos de riego y las presas en el norte de México habían creado nuevos hábitat para las aves acuáticas y para otras aves.84

Macías Arellano declaraba que México estaba menos interesado en la fauna silvestre desde una perspectiva puramente estética que en generar poblaciones cinegéticas. Lo ponía de esta manera: "La ideología moderna sobre la cual debe descansar la administración técnica de la fauna silvestre no puede seguir basada en un romántico sentimiento de conservación, debe orientarse hacía el incremento de la producción, fijando las reglas de acuerdo con el índice de reproducción potencial de las especies."85 Enrique Beltrán también creía en esta filosofía. Promovió el establecimiento de clubes de cazadores, razonando que los cazadores deportivos eran quienes mejor apreciaban la necesidad de la conservación. Adicionalmente, estableció una época experimental para la caza del borrego cimarrón (una parte de su meta era quitar las restricciones absolutas para la cacería deportiva), creó estaciones experimentales y laboratorios, parte de cuya función era propagar especies cinegéticas, y condujo estudios científicos sobre los hábitat de la fauna silvestre y patrones de las aves migratorias, para poder desarrollar mejores planes de manejo de caza.86

Funcionarios mexicanos de fauna, como Beltrán y Macías Arellano, querían manejar las poblaciones cinegéticas científicamente para el disfrute de cazadores deportivos preocupados por la conservación. El gobierno también, se benefició económicamente con este arreglo, en la forma de cuotas para las licencias de cacería que podrían ser usadas para financiar programas de conservación. La doctrina de los conservacionistas de fauna silvestre gubernamentales era de que México se podría ver favorecido con la cacería deportiva de sus poblaciones para caza, al mismo tiempo que aseguraba una provisión futura de las mismas.

Rodolfo Hernández Corzo, que actuó como director de la Oficina de Fauna Silvestre de 1962 a 1970, pensaba que la recreación al aire libre potencialmente podía ser un gran negocio en México. Las expediciones de caza y de pesca crearían empleos para guías, generarían dólares turísticos (tanto de mexicanos como de extranjeros), y estimularían el crecimiento de la industria de equipos deportivos en México. Así, la conservación de la fauna silvestre se apreciaba en términos monetarios.87

Además de su valor económico, Hernández Corzo enfatizaba los beneficios físicos y de salud que la recreación proporcionaba. Por ejemplo, hizo notar que el valor de la pesca en términos de salud, descanso, liberación de tensiones y tranquilidad de espíritu, era inestimable. En una posición que los miembros de las agencias de desarrollo mexicanas consideraban herética, Hernández Corzo concluía que el uso del agua para actividades recreativas como la pesca, podía ser más valioso económica y socialmente, que su uso para riego y energía.88

También insistía en que el gobierno considerara los efectos del desarrollo hidráulico sobre la flora y la fauna, y discutió, sin éxito, con funcionarios hidráulicos para que no se construyera una gran presa en el río Grijalva (en el sureste de México) porque destruiría miles de hectáreas de invaluables bosques tropicales y fauna silvestre irremplazable.89 Consideraba la preservación de animales silvestres más como un asunto moral que como uno económico: "Es el deber de una cultura conservar animales para que no desaparezcan, porque la extinción de la vida silvestre ante el progreso de le especie humana, siendo un acto irreversible, es una acción imperdonable."90

La preocupación de Hernández Corzo por las especies amenazadas no se apreció en normas estrictas para el uso de la fauna silvestre. Como su antecesor, Luis Macías Arellano, y su jefe, Enrique Beltrán, Hernández Corzo era un obcecado defensor del manejo de la fauna.91 De hecho, presentó un plan aún más ambicioso para la "cosecha" de animales silvestres que sus pares. Su meta era la utilización de toda la fauna silvestre y no sólo de las especies cinegéticas.92 Hernández Corzo advirtió que, mientras que mucho del territorio nacional no era apropiado para la agricultura o la ganadería, contenía abundante fauna silvestre (incluyendo pesquerías). Conforme al criterio conservacionista, México tenía que explotar estos recursos para asegurar su prosperidad.93 Creyendo que, en un análisis final, los seres humanos eran el centro de interés y no la naturaleza en sí misma, sostenía que era necesario buscar "el mejor hábitat para el hombre, sin destruir o degradar la naturaleza, pero también sin una conservación que fuese tanto dogmática como obsesiva."94 Como sus colegas, Hernández Corzo estaba optimista de que México pudiese desarrollar intensivamente sus recursos sin agotarlos.

El avance hacia la conservación se había logrado durante la presidencia de Cárdenas por la existencia de una fuerte dependencia conservacionista y del apoyo presidencial. Entre 1940 y 1970, la conjunción de estos dos factores no volvió a ocurrir y, consecuentemente, los recursos naturales de México no fueron adecuadamente protegidos.95 Unos cuantos funcionarios lucharon para promover la conservación usando principalmente argumentos económicos pero, en general, los gobiernos mexicanos abandonaron completamente la conservación, deslumbrados por el potencial de industrialización y la Revolución Verde. Unos cuantos individuos y grupos privados permanecieron para portar la bandera de la conservación.