EPILOGO
Jorge
Soberón Mainero
Se
me ha pedido que escriba un epílogo para el libro "En
defensa de la Tierra del Jaguar". La obra concluye en 1994,
a mediados del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari
y en los últimos cuatro años han ocurrido cambios
de gran trascendencia en el tema del medio ambiente en México.
Por esta razón, la necesidad de un post scriptum es real y agradezco la oportunidad de realizarlo. Aclaro también
que mi perspectiva se restringe a la parte de la problemática
medioambiental llamada la "agenda verde", que es la
temática relacionada con los recursos naturales y su
conservación y aprovechamiento, en oposición a
la "agenda café" que se refiere a la contaminación
industrial y urbana, el tratamiento de los desechos sólidos
y temas similares.
En
mi opinión, durante la década de los noventas
hemos presenciado la maduración de los principales participantes
y procesos que intentan enfrentar los problemas del medio ambiente
de México. Las décadas previas a los setentas
fueron las de los pioneros. Solitarios y visionarios dentro
del gobierno, la academia y las organizaciones no gubernamentales
lanzaban voces de advertencia o realizaban estudios e investigaciones
cuya importancia fue percibida muy posteriormente. Es la época
de Miguel Angel de Quevedo, Enrique Beltrán, Maximino
Martínez y Efraím Hernández X.
Los
setentas y ochentas corresponden a la infancia de la respuesta
a los problemas ambientales. La sociedad en su conjunto se percata
de que el camino escogido para nuestro desarrollo nos llevaba
directamente a la catástrofe ambiental: contaminación
grave en las ciudades y zonas industriales, pérdida de
la capacidad productiva de la tierra por erosión, agotamiento
de mantos acuíferos, deforestación y dilapidación
de recursos biológicos. En el ámbito científico
se empiezan a escuchar con gran fuerza las voces de Arturo Gómez-Pompa,
Gonzalo Halffter y otros, que advierten que el modelo de desarrollo
aplicado conlleva la destrucción generalizada de los
ecosistemas y proponen diferentes alternativas. Aparecen (y
desaparecen) miles de organizaciones no gubernamentales con
todo tipo de agendas; se empiezan a promulgar leyes, se crean
nuevas dependencias estatales, del extranjero empiezan a llegar
jóvenes doctorados en ecología, las universidades
constituyen licenciaturas, maestrías y posgrados en el
tema, aparecen cientos de compañías consultoras,
etc. Todo lo anterior desarticulado, caótico, con enfrentamientos
entre los actores. Es una época en que la norma era que
unos a otros nos tacháramos de ignorantes, o faltos de
compromiso, o corruptos y burócratas, dependiendo de
dónde provenía la crítica y del objeto
de la misma.
Durante
los noventas se puede ver una transición a una fase de
mayor madurez. Esta década se caracteriza por mucho más
trabajo de colaboración, mayor presencia de los profesionales
y en general mucho mayor respeto entre los diferentes actores
principales, académicos, dependencias gubernamentales,
ONGs y productores tanto industriales como campesinos.
Muy
brevemente trataré de describir lo que desde mi punto
de vista son los principales jalones que pueden servir de referencia
para entender los caminos que estos cuatro grupos están
recorriendo durante la última década del siglo.
Huelga decir que al intentar descubrir generalidades y en aras
de la brevedad, pasaré por alto muchas excepciones y
contradicciones. Asimismo, la descripción que realizaré
a continuación será por fuerza muy esquemática
y superficial.
El
sector gubernamental, su difícil papel entre dos aguas
De
1994 a la fecha ha ocurrido un cambio cualitativo en la política
ambiental de México. La creación de la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en
la administración actual, es un avance para la articulación
de políticas e instrumentos ambientales. La integración
en esta dependencia de sectores productivos que históricamente
habían operado de manera independiente, es un hecho sin
precedentes. Es el caso del sector pesquero, que antes dependía
de la extinta Secretaría de Pesca, y del sector forestal,
de cuya gestión se encargaba la SARH. En la actualidad,
las políticas de aprovechamiento para los recursos forestales
y pesqueros son discutidas desde un punto de vista ambiental,
con miras a ser utilizados con criterios de sustentabilidad.
También
se ha avanzado en lo referente al marco regulatorio de la política
ambiental. En diciembre de 1996, con las reformas realizadas
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA) se logró un avance importante en
la modernización de la regulación ambiental. La
modificación a la Ley cierra un ciclo de acalorada discusión
en torno a cuál es el rumbo que debe seguir la política
ambiental de México. La Ley sienta las bases para descentralizar
de manera ordenada y gradual la gestión de los asuntos
relacionados con el medio ambiente en favor de los gobiernos
locales. Por otro lado, fomenta la participación social
en esta tarea y tipifica como conductas delictivas aquéllas
que atentan contra la conservación del medio ambiente.
Sin embargo, todavía quedan aspectos por resolver, o
que aún están insuficientemente discutidos. Es
el caso del desarrollo de las leyes reglamentarias necesarias
para ordenar el uso de la vida silvestre, el acceso a los recursos
genéticos y la bioseguridad, aspectos de suma importancia
para un manejo adecuado de la biodiversidad de nuestro país.
En
los últimos años, también han habido cambios
significativos en relación con el funcionamiento de las
Areas Naturales Protegidas. Los problemas históricos
de las áreas protegidas han sido la falta de presupuesto,
la falta de planes de manejo (instrumentos centrales para la
operación, administración y conservación),
y la falta de participación de las comunidades en los
proyectos de conservación (tema que se revisa ampliamente
en este volumen). Recientemente se han tomado medidas para intentar
revertir esta situación.
Por
primera vez en la historia se integra un Programa de Areas Naturales
Protegidas (1995-2000). Este programa sienta las bases para
una acción colectiva organizada en favor de la conservación,
y sirve de marco para la ampliación de la cobertura territorial
y una mayor representatividad ecológica de estas áreas.
Paralelamente, el Gobierno Mexicano estableció, en abril
de 1996, el Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONAP),
un órgano consultivo integrado por representantes de
los sectores conservacionista, académico, empresarial,
social e indígena.
Como
una manera de asegurar un financiamiento estable en las Areas
Naturales Protegidas, se constituyó un fondo patrimonial
en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza,
en julio de 1997. Esta iniciativa permitió centrar esfuerzos
de integración institucional para el financiamiento,
el manejo y la administración en 10 áreas prioritarias,
entre las que se encuentran Calakmul, en Campeche, El Triunfo
y Montes Azules, en Chiapas, y Sian Ka’an, en Quintana
Roo. Como resultado, siete áreas ya cuentan con programas
de manejo, con sus respectivos consejos técnicos asesores,
una plantilla básica de personal, e infraestructura y
equipamiento básico. Por otro lado, con recursos financieros
del Banco Mundial para el Programa Ambiental de la Frontera
Norte, se realizan acciones de conservación en las Areas
Protegidas Maderas del Carmen (Coahuila), Cañón
de Santa Elena (Chihuahua), Alto Golfo de California-Delta del
Río Colorado y El Pinacate-Gran Desierto de Altar en
Baja California y Sonora.
Además
de los avances en el funcionamiento de las Areas Naturales Protegidas
ya existentes, en los últimos años también
ha habido un aumento en la superficie protegida en nuestro país.
En el período comprendido entre 1995 y 1997 el número
de áreas aumentó de 100 a 113 unidades, incluyendo
dos nuevas Reservas de la Biosfera (Sierra Gorda, en Querétaro,
y Arrecifes de Sian Ka’an en Quintana Roo), así
como los Parques Nacionales Arrecifes de Puerto Morelos e Isla
Contoy, decretados en 1997.
En
la gestión gubernamental también destaca la consolidación
del trabajo de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La CONABIO fue creada en
1992 con el objetivo de coordinar las acciones y estudios relacionados
con el conocimiento y la preservación de las especies
biológicas, así como promover y fomentar el trabajo
de los grupos involucrados en el estudio, conservación,
manejo y utilización de los recursos biológicos
de nuestro país.
En
sus seis años de existencia, la CONABIO ha contribuido
a la generación e integración de conocimiento
acerca de la biodiversidad de México apoyando cientos
de proyectos de investigación. Por otra parte, mantiene
una estrecha interacción con los grupos de expertos de
nuestro país, capaces de proporcionar la información
detallada indispensable para la correcta gestión de la
biodiversidad en México. El Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad es ya una realidad operativa, la cual puede
considerarse entre las principales experiencias en el ámbito
internacional. La Comisión está en capacidad de
proporcionar valiosa información para la toma de decisiones
referente al manejo de los recursos naturales del país.
Esta información no sólo está disponible
para el sector gubernamental. Otros sectores como el académico,
el privado y la sociedad en general ya están haciendo
uso de ella.
Para
concluir esta sección, es necesario mencionar que aún
queda una gran interrogante por resolver, y es la posibilidad
real de transformar el modelo de desarrollo que ha seguido nuestro
país a uno sustentable. Si bien hay un cambio en las
políticas ambientales en ciertos sectores productivos,
como es la promoción del sector forestal, la reglamentación
sobre las plantaciones forestales, la promoción de la
pesca responsable, y otras acciones, la variable ambiental aún
no se ha integrado en la planeación de las políticas
de desarrollo de otros sectores. Este es uno de los mayores
retos para el futuro. Por otra parte, un creciente número
de grupos de productores campesinos está buscando alternativas
productivas por fuera del modelo simplificador y destructivo
que se promovió por décadas, como se explica a
continuación.
Las
organizaciones productivas, germen del uso sustentable
Es
en el campo, en las parcelas, en los bosques, en los lagos,
donde se pone a prueba la efectividad de una política
ambiental. ¿Se ha logrado frenar el intenso proceso de deterioro
de los ecosistemas del país? ¿Qué tanto han avanzado
las comunidades rurales en satisfacer sus demandas de alimento
y necesidades básicas, y en general en elevar su calidad
de vida en los últimos años? Contestar estas preguntas
no es sencillo. Los numerosos intentos por aplicar tecnologías
inadecuadas a las condiciones ambientales del país realizados
sobre todo en los setentas, dejaron profundas secuelas en nuestros
ecosistemas. En medio de este panorama poco alentador, en la
actualidad existen casos reconocidos de organización
social que reflejan el esfuerzo por detener el deterioro ambiental
del país dentro del esquema de conciliación de
uso y conservación de los recursos naturales.
Uno
de ellos se inició en 1988 con la formación de
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
Esta organización impulsa el uso de formas no destructivas
ni contaminantes de formación de café. Está
integrada por 125 organizaciones de campesinos y agrupa a más
de 75 000 pequeños productores de café de siete
estados de la república. Esta experiencia ha tendido
a fortalecerse con el paso de los años y en la actualidad
continúan avanzando en la inserción a los mercados
a nivel nacional e internacional. Otro ejemplo lo constituye
la organización de núcleos agrarios que participan
activamente en el proceso productivo forestal del país.
En 1993 se creó la asociación civil Unión
Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (UNOFOC).
A través de la adopción de la visión de
la forestería comunal como una estrategia de conservación
y manejo de selvas, esta unión integra la experiencia
de núcleos agrarios de diversa identidad cultural, de
diferentes regiones del país y más de 18 pueblos
indígenas, sumando ya 34 organizaciones. En conjunto,
estas organizaciones abarcan el 40% de la superficie forestal
bajo manejo en el país y han producido un volumen maderable
del 43% del total nacional. Otros ejemplos son los avances que
en los últimos años han experimentado pequeñas
o medianas organizaciones productivas diseminadas por todo el
país, como es el Plan Piloto Forestal, en Quintana Roo,
y el Ejido Nuevo San Juan, en Michoacán.
El
enfoque planteado en el Programa de Conservación de la
Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector
Rural (1997-2000), promovido por el Instituto Nacional de Ecología,
es otra iniciativa por hacer compatible el uso de la biodiversidad
con su conservación. A través del establecimiento
de Unidades de Manejo, Conservación y Aprovechamiento
de la vida silvestre (UMAs), se pretende sentar las condiciones
legales e institucionales para que los dueños de los
predios y terrenos donde se encuentran los recursos bióticos
deriven beneficios económicos de ellos. La teoría
y la experiencia demuestra que bajo las condiciones correctas
(derechos de propiedad claramente asignados, tasas de aprovechamiento
sustentable científicamente obtenidas y vigiladas por
ley, y beneficios económicos asignados equitativamente),
la posibilidad de usar los recursos constituye un poderoso incentivo
para su conservación. Esta idea constituye un avance
fundamental respecto a posiciones de décadas anteriores,
más rígidas, donde la conservación y la
utilización de la biodiversidad eran posiciones consideradas
antagónicas. A la fecha se han creado 306 unidades, con
un superficie de más de 2.2. millones de hectáreas.
Para
que esta idea se extienda y se consolide a lo largo de nuestro
país van a pasar algunos años. Las experiencias
que se tienen hasta el momento indican que es factible promover
un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.Sin embargo,
todavía hay que avanzar mucho en aspectos tales como
la creación de capacidades humanas necesarias para la
vigilancia técnica de las unidades de aprovechamiento,
la legislación reglamentaria de esta modalidad y la concientización
y divulgación a la ciudadanía para lograr una
aceptación mayor del concepto de uso sustentable.
El
sector académico, el más consolidado de América
Latina
México
es uno de los países de Latinoamérica donde históricamente
se ha puesto mayor énfasis en la formación de
una infraestructura física y humana adecuada para describir,
conservar y aprovechar la diversidad biológica del país.
La casi totalidad de los Estados de la República cuentan
dentro de sus instituciones de educación superior y de
investigación con dependencias institucionales dedicadas
al medio ambiente. En fechas recientes han habido algunos avances
en este sector y destaca la experiencia de la UNAM y de varias
universidades de provincia.
Comenzando
por la UNAM, la formación de recursos humanos dedicados
a aspectos medioambientales se ha llevado a cabo en distintas
facultades e institutos, destacando la Facultad de Ciencias,
el Instituto (antes Centro) de Ecología, el Programa
Universitario de Medio Ambiente (PUMA), por mencionar algunos.
El posgrado en Ecología del Instituto continúa
siendo un foco de interés de estudiantes de diferentes
estados de la república y de otros países de Latinoamérica.
Por otro lado, la reciente creación del campus Morelia,
dedicado fundamentalmente a aspectos de ecología aplicada,
representa un avance hacia la descentralización de la
educación y al fortalecimiento de las instituciones locales
dedicadas al manejo de los recursos.
Algunas
instituciones académicas de provincia dedicadas a aspectos
ambientales también ha mostrado signos de fortalecimiento.
Una experiencia muy importante es la del Colegio de la Frontera
Sur, en Chiapas. El posgrado de Ecología a nivel maestría,
fue creado en 1993 y ha puesto especial énfasis en el
manejo de los recursos de la zona, con la aplicación
de sistemas productivos adecuados a la diversidad tanto biológica
como cultural de la región. En este año se inició
el programa de doctorado. Una experiencia similar es la del
Instituto de Ecología, A. C., en Jalapa, Veracruz. El
posgrado en Ecología y Manejo de Recursos se inició
en 1994, y en 1997 se abrió la Maestría y Doctorado
en Biosistemática y Maestría en Manejo de Fauna
Silvestre. A la fecha han ingresado en total alrededor de 100
alumnos.
Instituciones
como el Instituto de Ecología de Jalapa, el Ecosur en
San Cristóbal de las Casas, el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste en la Paz y otras instituciones
similares se han consolidado durante la década de los
noventas, en algunos casos después de un proceso de más
de veinte años. Constituyen un factor esencial para la
formación de recursos humanos y la realización
de investigación científica en la provincia de
México. La labor de descentralización es un aspecto
clave para establecer la transición hacia el desarrollo
sustentable.
Las
ONGs, la expresión de una sociedad civil más participativa
Como
se menciona en el texto, en nuestro país la decana de
las organizaciones no gubernamentales es el Instituto Mexicano
de Recursos Naturales Renovables, A. C., creada por don Enrique
Beltrán en 1952. Le siguió la creación
de Pronatura, A.C. en 1981, con un papel relevante hasta nuestros
días en la misión de conservar la diversidad biológica
en nuestro país. Durante los años de la década
de 1980 las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
conservación y al uso sustentable de la biodiversidad
de México aumentaron hasta llegar a ser más de
600, tal como aparece en el Directorio Verde publicado por el
INE.
Existen
organizaciones locales y nacionales, organizaciones dedicadas
a la crítica y la demanda ciudadanas, como Greenpeace
y el Grupo de los Cien y otras enteramente orientadas a realizar
actividades, tales como la difusión (Sierra Madre), la
consecución de fondos (Unidos para la Conservación,
Fondo Mexicano), la realización o apoyo a acciones de
campesinos y conservacionistas (Fondo Mundial para la Vida Silvestre,
Pronatura, Naturalia, Conservación Internacional), los
análisis y estudios científicos y legales (Serbo,
Centro Mexicano de Derecho Ambiental), y cientos de otras de
carácter más local.
La
década de los noventas ha sido testigo de un proceso
de maduración en el cual los diferentes actores están
aprendiendo a trabajar juntos. En general, unos y otros se conocen,
mantienen una buena comunicación y, sin perder su carácter
propio definitorio, realizan un trabajo en conjunto. La situación
del deterioro ecológico de México es seria, y
las carencias en términos del marco legal, la madurez
institucional, los recursos humanos capacitados y una consciencia
ciudadana informada y participativa son aún enormes.
Los avances innegables de la última década no
deben ser motivo de complacencia ni ocasión para bajar
la guardia. Obras como el libro "En defensa de la tierra
del jaguar" nos deben servir de acicate para redoblar esfuerzos
tomando como base lo ya pasado y aprendido. Está en juego
nada menos que el futuro de nuestros hijos.
