GOBIERNOS
LOCALES:
CORRESPONSABILIDADES Y PROGRAMAS
Ing.
Enrique Tolivia Meléndez
Resumen
El autor analiza las atribuciones federales, estatales y municipales
en materia de residuos peligrosos, las dificultades que se presentan
en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad y las diferencias
de criterio entre federación y estados respecto a la
ubicación de sitios de tratamiento y confinamiento. Sugiere
establecer mecanismos de coordinación entre federación
y estados para discriminar los residuos según el nivel
de riesgo y asignar a los estados la responsabilidad de la vigilancia
y control de los residuos de menor riesgo, además de
concertar entre los tres niveles de gobierno, la ubicación
de sitios de tratamiento y de disposición. Propone el
desarrollo de programas de capacitación municipal en
la materia.
1. El marco jurídico actual
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, marco fundamental de la política ambiental
de México, establece el manejo, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos peligrosos, como
competencia exclusiva de la federación. En el Artículo
5, Fracción XIX, se asienta como materia de alcance general
de la nación, la regulación de las actividades
relacionadas con materiales o residuos peligrosos. Esta situación
se hace explícita en los Artículos 150 a 153 de
la propia Ley y en el reglamento específico en esta materia.
En principio, la reglamentación antes mencionada limita
la actividad estatal, ya que en forma inmediata y directa los
gobiernos estatales no pueden llevar a cabo acciones en la materia,
en virtud de requerirse concertar con la federación,
la delegación parcial o total de facultades.
Esta situación limitante de la acción estatal
se agrava por el hecho de que no existe en la ley un criterio
que discrimine en forma cuantitativa, el nivel de riesgo que
se enfrenta en las facetas de generación, manejo, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos,
de suerte que la autoridad federal tiene que vigilar por igual
al pequeño y al gran generador, no obstante que la actividad
de este último es la que más trasciende.
2. Los problemas actuales
Las autoridades estatales y locales enfrentamos principalmente
dos clases de problemas relacionados con los residuos peligrosos.
Por una parte, existen en las entidades federativas establecimientos
industriales que hacen caso omiso de la reglamentación
federal y que en forma subrepticia, disponen los residuos peligrosos
en sitios clandestinos o en lugares de disposición municipal
de residuos, o en caso de que éstos sean líquidos,
los descargan junto con las aguas residuales. Por otra parte,
los pequeños generadores suelen mezclar los residuos
peligrosos con los no peligrosos y los entregan como basura
o los vierten al drenaje municipal.
Esta situación ha originado graves problemas de contaminación
en el Estado de México, que han requerido de la intervención
federal para que una vez identificados los responsables, procedan
a retirar los residuos depositados y a reparar el daño
ocasionado. Sin embargo, es posible que los casos detectados
sólo representen una mínima parte del universo.
La descarga de residuos peligrosos en los sistemas de alcantarillado
continúa siendo una práctica común de muchos
generadores, que sólo se detecta cuando surge un accidente
como un incendio o la explosión de la red de drenaje.
Lo anterior significa una situación conflictiva para
las autoridades estatales, ya que tienen que enfrentar serios
problemas por el manejo de los residuos peligrosos sin contar
con las atribuciones para actuar en forma directa.
Otro aspecto importante relacionado con los residuos peligrosos
que genera situaciones conflictivas para las autoridades estatales
es la competencia federal en manejo de impacto ambiental en
los proyectos que se refieren a sitios de tratamiento y confinamiento
de residuos peligrosos, ya que en sentido estricto, un promotor
interesado en un proyecto de esta naturaleza, puede obtener
la autorización directamente de la autoridad federal
sin que hubiere participado la autoridad estatal correspondiente.
Esta situación ha sido la causa del fracaso de diversos
proyectos que fueron inicialmente aprobados por la autoridad
federal y que encontraron oposición al nivel estatal
y local.
3. Propuesta de coordinación
Con el fin de evitar los problemas antes señalados, recomendamos
establecer diversos mecanismos de coordinación entre
las autoridades federales y estatales, que permitan compartir
responsabilidades y competencias en el campo de los residuos
peligrosos. Para el caso del Estado de México, hacemos
las siguientes propuestas:
3.1. Discriminar el nivel de riesgo
Discriminar el campo de acción directa de la federación
en la vigilancia y control de los residuos peligrosos en función
del nivel de riesgo que representan, a semejanza del trato que
se presta a las sustancias peligrosas, es decir, establecer
para los residuos peligrosos una cantidad mínima que
refleje el nivel real del riesgo.
De esta manera, los pequeños generadores que no son atendidos
por la autoridad federal, quedarían bajo la competencia
y vigilancia estatal o local. Por otra parte, al discriminar
los residuos industriales mediante un índice de riesgo,
se promovería el establecimiento de confinamientos o
plantas de tratamiento y recuperación de residuos de
baja peligrosidad con menor oposición de las comunidades
locales.
En el grupo de residuos de bajo riesgo podría incluirse
los lubricantes usados, así como algunos solventes no
carcinógenos, de uso intensivo en pequeña y mediana
industria.
3.2. Delegación de facultades a los estados
Se recomienda suscribir convenios de coordinación entre
federación y las entidades federativas, con el propósito
de delegar en los estados algunas de las facultades de control
y vigilancia, de acuerdo a su capacidad e interés.
Como paso inicial se debería de lograr un mejor nivel
de intercambio de información entre federación
y estado, a fin de que el estado tenga conocimiento de la generación,
movimiento y en caso dado, de la disposición de residuos
peligrosos en su territorio.
3.3. Ubicación de sitios para tratar y disponer residuos
peligrosos
Las poblaciones suelen oponerse a contar con plantas de tratamiento
y confinamientos de residuos peligrosos en su vencidad, ya que
acusan el síndrome denominado "nimby" -por las siglas
inglesas de la frase "not in my back yard"-, razón adicional
que justifica que las entidades estatales participen conjuntamente
con la federación, en la identificación, evaluación
y autorización de los proyectos de tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos.
Es evidente que día a día crece la demanda de
sitios de tratamiento y disposición de residuos peligrosos.
También existe una postura común de evitar los
recorridos largos del residuo peligroso, a fin de reducir los
riesgos inherentes al transporte. Por ello, es importante que
las entidades federativas, que por su estado de desarrollo industrial
generan residuos peligrosos en cantidades significativas, promuevan
la instalación de sitios de tratamiento o confinamiento
en su localidad. La promoción deberá realizarse
en forma coordinada con las autoridades federales, a fin de
que los proyectos cumplan con la normatividad correspondiente.
La participación activa del estado en el proceso reducirá
seguramente la oposición de la población a la
realización de este tipo de proyectos.
Es obvio que la autorización final de proyectos de esta
naturaleza debe involucrar a los tres niveles de gobierno.
3.4. Información y educación
Dados los riesgos inherentes al manejo del residuo peligroso
es fundamental emprender campañas informativas y educativas
dirigidas principalmente al municipio, a fin de que los responsables
de la protección ambiental y el manejo de residuos tomen
un papel activo y detecten la disposición inadecuada
de residuos peligrosos. Las campañas exigirán
un trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales
y municipales.
En resumen, consideramos que la participación y corresponsabilidad
de las entidades federativas requiere:
- Discriminar
el nivel de riesgo de los diversos residuos.
- Delegar
facultades federales a los estados.
- Participación
de los tres niveles de gobierno en la promoción y aprobación
de sitios de tratamiento y disposición final.
- Capacitación
sobre todo al nivel municipal para una mayor vigilancia en
relación con la disposición inadecuada de los
residuos peligrosos.
