Consideraciones
socioeconómicas en el diseño de proyectos sustentables
de restauración ecológica
Nayeli
Cardona Carlin
Dirección
de Manejo Integral de Cuencas Hídricas, Dirección
General de Investigación en Ordenamiento Ecológico
y Conservación de los Ecosistemas,
Instituto Nacional de Ecología. Periférico Sur 5000.
Colonia Insurgentes-Cuicuilco
Correo-e: ncardano@ine.gob.mx
En general, un proyecto de restauración ecológica
busca restablecer total o parcial la composición taxonómica,
la estructura y la función de ecosistemas deteriorados
por causas naturales o antrópicas, y reacondicionar aquellos
ambientes que se encuentran degradados, restableciendo sus condiciones
naturales originales o al menos algunas similares a las iniciales,
de tal forma que se compensen los daños causados por actividades
humanas o procesos naturales. Al abordar este tipo de proyectos
hay que tomar en cuenta que los espacios donde se realizarán
los esfuerzos de restauración, en la mayoría de
los casos, son propiedad o han sido apropiados por personas para
realizar sus actividades productivas, familiares y sociales. Son
espacios habitados, trabajados y adecuados a la realidad y necesidades
de los habitantes.
La realidad que enfrentan las comunidades es multidimensional,
con características sociales, económicas y ambientales
especificas que definen la manera de relacionarse con el entorno.
“El contexto general dentro del cual se mueve el hombre
está determinado, por un lado, por aquellos fenómenos
físicos, geofísicos, biológicos, químicos,
etcétera, que plasman una realidad ambiental cuya dinámica
es la de los fenómenos naturales” (Bifani 1997).
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Dearrollo Rural, pesca y alimentación (SAGARPA), en México
existen entre 130 y 170 millones de hectáreas en condiciones
de erosión, 470 mil hectáreas con ensalitramiento
y 40 millones de hectáreas de bosque se han perdido durante
los últimos 50 años. Estos hechos son efecto de
una inadecuada relación entre las actividades humanas y
el medio ambiente en que se desenvuelven. Cuando el entorno ha
sido degradado por la acción humana y se pretende emprender
un proyecto de restauración, se necesita considerar los
cambios que enfrentará la sociedad y los efectos negativos
o positivos que resentirá en su estilo de vida, a partir
del inicio del proyecto y a el largo plazo.
En muchas ocasiones los proyectos proponen aislar la zona a restaurar,
impidiendo que los propietarios privados o comunitarios hagan
uso del territorio. Este tipo de acciones suele generar resistencia,
al crear la sensación de ser despojados de sus bienes y
su forma de sustento; efecto que se acentúa cuando la compensación
otorgada no es suficiente para cubrir los daños a los particulares
o la comunidad. Hablar en términos de justicia en estos
casos es muy difícil; por un lado habrá que considerar
que un proyecto de restauración otorgará beneficios
ambientales locales, nacionales y en algunos casos globales a
la humanidad; sin embargo, cuando esto no es bien entendido por
la comunidad o esos beneficios no se ven reflejados en mejoras
sustantivas en su vida diaria de la localidad, pueden generar
acciones para evitar, afectar o revertir por completo un proyecto
de restauración que, desde otros puntos de vista, se consideraba
importante y viable.
En este artículo trataremos los aspectos más importantes
a considerar desde la perspectiva social y económica del
diseño de un proyecto de restauración ecológica,
con la finalidad de contribuir a la creación de planes
económicamente sostenibles y respaldados por la comunidad
en la que se realizan. Tomando en cuenta estos aspectos, la institución
encargada de un proyecto encontrará un panorama más
promisorio para el mantenimiento a largo plazo de los resultados
y beneficios de la restauración ecológica.
Importancia
del análisis socioeconómico
La
restauración ecológica afecta a espacios, personas,
expectativas, e intereses muy variados. Incluso si la restauración
se realiza en zonas de propiedad privada y la llevan a cabo entidades
privadas deja de existir un componente de interés público
importante. Los sistemas ecológicos no están aislados
y forman parte de un paisaje de más amplitud física
y social que la zona de restauración. Por ello, debe recordarse
que en una restauración ecológica deben colaborar
tres esferas: ambiental, social y económica. Esta colaboración
facilitará la realización del proyecto cuanto mayor
sea el grado de intersección y de participación
equilibrada de las tres, lo que ampliará las posibilidades
de alcanzar con éxito los objetivos de un proyecto de restauración
ecológica (véase figura 1).
Debemos ser conscientes de la importancia de las actividades humanas
realizadas en el espacio donde se podría desarrollar un
proyecto de restauración. Más de 26 millones de
mexicanos viven en zonas rurales; en 2001 existían 3,756
millones de unidades de producción, de los cuales 1,191
millones son de pequeños propietarios, considerando que
1,797 millones son ejidatarios (véase figura 2).
Es frecuente que los proyectos de restauración ambiental
se entiendan, y se contraten como obras corrientes, comprendiendo
un periodo de garantía, que suele ser corto con respecto
al tiempo que requiere dicha actividad, incluyendo la estabilización
de las poblaciones biológicas, sus interacciones y la de
los procesos biogeoquímicos del sistema. Si no se cuenta
con la participación de la población, poco podrá
hacerse por mantener un proyecto a largo plazo. Un proceso de
monitoreo y vigilancia constante, efectuado por los responsables
de un programa de restauración por largos períodos,
es mucho más costoso que la vigilancia que la propia comunidad
aportaría si se ve beneficiada con el proyecto.
Es importante reconocer la participación de la gente en
el desarrollo de proyectos de restauración y el mantenimiento
de sus resultados. Esto implica buscar nuevas maneras de trabajar
con las comunidades locales, y propiciar que actúen de
manera conjunta con los encargados como guardianes del proyecto,
que construyan su propia capacidad de manejar las áreas
de su comunidad.
La sustentabilidad financiera, ya sea con recursos propios y/o
ayudas institucionales que minimicen los costos para la comunidad,
ayudará a evitar conflictos y a preservar los proyectos.
La sustentabilidad a largo plazo de las zonas restauradas depende
de la consolidación de nuevos mecanismos financieros que
proporcionen los recursos necesarios para la administración
del proyecto y para el desarrollo local.
Se reconoce que la pobreza es multidimensional y que está
determinada no solamente por el ingreso bajo, sino también
por una carencia de activos, de oportunidades, de medios de opinión
y de seguridad del sustento. Algunos representantes de comunidades
locales e indígenas han afirmado que la creación
de áreas protegidas, que bien pudieran ser empleadas como
zonas de restauración, incrementan las posibilidades de
pobreza local y aumentan a menudo la marginalización de
la zona, dando como resultado ingresos perdidos, pocas oportunidades
de desarrollo económico y separación y pérdida
de áreas tradicionales. Las áreas protegidas no
fueron diseñadas con la finalidad de reducir la pobreza,
ni es ésta su función principal. Sin embargo, la
consideración de la gente local y de sus fuentes de sustento
está emergiendo como consideración suprema del establecimiento
y de la gerencia de las zonas destinadas a proyectos de conservación
o restauración. A menudo la supervivencia de los proyectos
emprendidos depende de otros paralelos, encausados a la atención
de la pobreza, creando esquemas de ganar-ganar. Las oportunidades
para crear este tipo de esquemas son raras y el verdadero desafío
es reconocer y balancear equitativamente las compensaciones, para
asegurarse de que hay una remuneración justa y adecuada.
La
realidad social y económica de una comunidad y su importancia
en un proyecto de restauración ecológica
Tanto
la diversidad ambiental como la diversidad cultural son características
de México, caracterización manejada desde la década
de los años 1950 bajo la fase “mosaico ecológico
y cultural” (Palerm, 1968). Sin embargo los planes de desarrollo
económico, en particular los relacionados con el control
y el manejo del agua y del suelo, implantados por el Estado mexicano
desde 1916 (Palerm, 1972) se caracterizan por su tendencia a homogeneizar
y dar un tratamiento único a todo el territorio nacional,
ignorando, las diferencias regionales.
Cuando se diseña un proyecto en el cual hay una comunidad
involucrada, conocer sus características ayudará
a facilitar el proceso de negociación y aprovechar su potencial
en beneficio de la restauración. Existen ciertas características
de la población que son indicativas de su nivel de desarrollo
y por lo tanto de su capacidad de adaptarse o no a cierto proyecto.
El conocimiento del nivel educativo, el tamaño de la comunidad,
los servicios con los que cuenta, el porcentaje de población
indígena, el sector económicamente preponderante
o el nivel de ingreso, pueden ayudar a diseñar un proyecto
adecuado a la situación prevaleciente, así como
a buscar la conjunción de programas anexos de tipo social
que refuercen las posibilidades de aceptación y éxito
del proyecto de restauración ecológica.
Ciertas particularidades de la población pueden tener implicaciones
en la forma de aceptar los proyectos que se les presentan y las
actividades económicas alternas que pueden ser sugeridas
a la comunidad. Por ejemplo, una sociedad con un mayor nivel educativo
puede asimilar más fácilmente los conceptos necesarios
para entender la importancia y las repercusiones de la restauración
de un ecosistema y, por consiguiente puede tener más posibilidades
de aprovechar y administrar por cuenta propia las nuevas posibilidades
económicas. Una comunidad con mayores ingresos podría
participar como co-financiera, en cambio una localidad con bajos
ingresos, carencia de servicios o bajo nivel educativo, requerirá
más apoyos al tener menos recursos disponibles para sustituir
los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales y, por lo tanto, requerirá un período
más largo de adaptación a las nuevas actividades
productivas.
Las visitas de campo o la permanencia en la comunidad donde se
pretende realizar el proyecto pueden ayudar a identificar fácilmente
ciertas características socioeconómicas, como los
servicios, el material de las construcciones o los tipos de caminos;
sin embargo, algunas otros aspectos no son perceptibles, por lo
que en estos casos hay que recurrir a las estadísticas
provenientes de censos y encuestas (el INEGI, por ejemplo, cuenta
con un gran acervo de este tipo de datos al nivel nacional).
Índices
resumen
Durante
la última década ha surgido una amplia variedad
de índices que buscan responder a las necesidades planteadas
por las tareas de planeación del desarrollo económico
y social. En México, un indicador que ha sido ampliamente
utilizado es el de marginación, que es una medida de déficit
y de intensidad de las privaciones y carencias de la población,
en dimensiones relativas a la educación, la vivienda y
los ingresos monetarios. En contraste, el índice de desarrollo
humano es una medida de logros relativos respecto a un estándar
de referencia. Ambos presentan cambios mínimos en las variables
que consideran, a nivel estatal y municipal, pero ambos buscan
proporcionar una métrica adecuada de las dimensiones que
estudian.
Índice
de marginalidad
El
índice de marginación es una medida-resumen que
permite diferenciar entidades y municipios según el impacto
global de las carencias que padece la población, como resultado
de la falta de acceso a la educación, la residencia en
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las carencias relacionadas con la residencia en
localidades pequeñas.
El índice considera cuatro dimensiones estructurales de
la marginación: educación, vivienda, ingresos monetarios
y distribución de la población, a partir de las
cuales identifica nueve formas de exclusión (analfabetismo,
población sin primaria completa, viviendas particulares
sin agua entubada, viviendas particulares sin drenaje ni servicio
sanitario exclusivo, viviendas particulares con piso de tierra,
viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas
particulares con algún nivel de hacinamiento, población
ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos, localidades
con menos de 5,000 habitantes). Mide su intensidad espacial como
porcentaje de la población que no participa en el disfrute
de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus
capacidades básicas. Este índice está enfocado
a las escalas municipal y estatal.
Índice
de desarrollo humano
El
índice de desarrollo humano comprende tres dimensiones:
la capacidad de gozar de vida larga y saludable, medida a través
de la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos,
medida por ejemplo, por el grado de analfabetismo de los adultos
y el nivel de asistencia escolar en niños, adolescentes
y jóvenes (de 6 a 24 años); la capacidad de contar
con el acceso a los recursos que permitan tener un nivel de vida
digno y decoroso, medido por el PIB per capita ajustado por el
poder adquisitivo del dólar en los Estados Unidos. Se trata
de un indicador compuesto, comparable internacionalmente, que
combina: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida
al nacer); (ii) el logro educacional (a través de la alfabetización
de adultos y la matrícula combinada de varios niveles educativos);
y (iii) el nivel de vida, mediante el PIB per capita anual ajustado
(paridad del poder adquisitivo en dólares). Este índice
se encuentra publicado en las escalas municipal y estatal.
¿Cómo se comparan ambos índices desde el
punto de vista empírico? Existe una nítida y muy
alta correlación inversa entre ambos indicadores a escala
municipal, lo que indica que los municipios de baja y muy baja
marginación tienden a registrar un grado alto de desarrollo
humano y viceversa. Como se advertirá, ambos indicadores
ponen de manifiesto, desde diferentes perspectivas, la existencia
de mundos marcadamente distintos en México.
Niveles
de bienestar
Con
la finalidad de desarrollar un estudio que permita una ubicación
geográfica más eficiente para los centros de distribución
de Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (DICONSA), una
empresa de participación estatal mayoritaria coordinada
por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), esta empresa
junto con INEGI desarrollaron un índice de marginación
social y rezago. Para la planeación de los censos, el INEGI
dividió el territorio nacional en áreas geoestadísticas
básicas (AGEB), urbanas y rurales. Las primeras se conforman
por grupos de manzanas de las localidades con 2,500 o más
habitantes, y por las cabeceras municipales, independientemente
de la cantidad de población. Las AGEB rurales son espacios
geográficos que contienen localidades cuya población
no alcanza los 2 500 habitantes.
Índice
de desarrollo socioeconómico
Es
habitual que el análisis municipal homogenice la realidad
para todas las localidades que comprende, por el contrario el
índice de desarrollo socioeconómico (Cardona, 2003)
busca reflejar la situación de cada localidad y así
obtener un análisis más preciso y detallado. Este
índice está determinado por medio de la técnica
estadística de los componentes principales, utilizando
como insumo datos de 11 indicadores calculados a partir de variables
socioeconómicas del Censo General de Población y
Vivienda 2000 (INEGI 2000). Estos tabulados poseen una correlación
teórica y empírica con el fenómeno del desarrollo
socioeconómico, plasmados como indicadores que sintetizan
de forma cuantitativa la expresión del desarrollo socioeconómico
para cada localidad.
De esta forma se incluyeron las características de la población,
así como su condición de educación (condición
de alfabetismo, nivel de instrucción), empleo (salario
mínimo, total ocupado, ingresos por trabajo, población
económicamente activa e inactiva, población ocupada
en los diferentes sectores económicos) y vivienda (drenaje,
disponibilidad de electricidad y disponibilidad de agua entubada).
Este índice evolucionó hacia polígonos definitivos
de los tipos de nivel socioeconómico general (Cardona 2003),
los cuales reflejan de forma espacial la realidad territorial
a través del ajuste según los rasgos topográficos
y socioeconómicos.
Tenencia
de la tierra
“La
situación de la tenencia de la tierra en las áreas
de conservación es bastante delicada y esto no es nuevo
para algunos sectores...Por lo tanto, una de las metas del sistema
debe ser la búsqueda incansable de fondos para pagar las
tierras, cuya fragilidad ambiental así lo indique, o en
su defecto buscar alianzas que permitan que la situación
se pueda hacer sostenible sin perjudicarse ninguna de las partes
(propietario – estado)”.(SINAC-MINAE, 2000)
En México el uso del suelo es un tema donde convergen intereses
políticos, económicos y sociales en un entramado
complejo. Dentro de este panorama, si un particular es propietario
de terrenos degradados podrá emprender su restauración
cuando él y sólo él lo apruebe. Además,
las administraciones públicas, aún trabajando sobre
terrenos de propiedad estatal, están limitadas en sus iniciativas
debido a que la aplicación de proyectos de restauración
debe provenir de mandatos debidamente legitimados, los cuales
están principalmente dirigidos a la restauración
ecológica de áreas naturales protegidas (si no en
sus normas constitutivas, al menos en sus programas de manejo
aprobados, entre otros).
De este modo, solamente se emprende un proceso de restauración
cuando hay un mandato concreto que así lo establezca, el
cual debe estar debidamente justificado o tener como objetivos
que la restauración de un hábitat se realice para
preservar la biodiversidad (en muchos casos de especies en peligro
de extinción), o que se pretende recuperar la funcionalidad
ecológica del sistema (artículo 32 y 32bis de la
Ley Forestal). Otro punto delicado es que cerca de tres cuartas
partes de los bosques son ejidales, lo que significa que están
en su mayoría, en manos de pobladores con escasos recursos
económicos que dependen de la tierra para obtener alimento
e ingreso. Por ello, restringir el uso de la tierra es un asunto
sumamente delicado (Gómez-Ceccon, 2004).
Agenda
socioeconómica anexa a un proyecto de restauración
ecológica
La
intervención en una comunidad para la restauración
ecológica de una zona debe contribuir al desarrollo de
conocimientos y adopción de actitudes deseables entre los
pobladores, con relación al uso, conservación y
restauración de los recursos naturales renovables. Esto,
debe lograrse, a través de un proceso participativo en
el que se aproveche el sinergismo entre el conocimiento local
y el conocimiento técnico que aportan los agentes de cambio,
promoviendo la organización social y el desarrollo autogestionado.
Los proyectos de restauración deben ir apoyados con una
agenda de desarrollo para las comunidades involucradas, agenda
que debe intentar contribuir a la reducción de la pobreza
y debe contener acciones que minimicen la afectación.
Si el proyecto a realizar disminuirá la gama de actividades
productivas disponibles para la comunidad, hay que procurar mejorar
el acceso a los recursos físicos y tecnológicos
de la producción, a fin de incrementar la eficiencia y
rentabilidad de los procesos productivos; hay que desarrollar
procesos productivos comerciales, agrícolas, pecuarios
o forestales y combinaciones de éstos en sistemas integrados;
y también generar empleo e ingreso, no solo dentro de las
actividades primarias, sino a través de la diversificación
de las actividades económicas, familiares o asociativas,
tales como la comercialización de los productos y el impulso
de procesos artesanales y agroindustriales.
Uno de los componentes que mayor cambio genera en la calidad de
vida de las comunidades es el acceso a servicios y vías
de comunicación (SGSICA, 2001). Si los proyectos anexos
al de restauración proporcionan o mejoran estas condiciones,
habrá posibilidad de una participación más
activa.
Financiamiento
Los
proyectos de restauración de un ecosistema deben ser valorados
en su contexto local, nacional y global, para tener una mejor
aproximación a sus beneficios y, por lo tanto, mayor oportunidad
de más y mejores fuentes de financiamiento a largo plazo.
Los costos de los proyectos de restauración deben ser compartidos
por los diferentes actores que se verán beneficiados; así
se crean incentivos para la planeación y la vigilancia
de los recursos. Pero cuando se hace referencia al financiamiento,
no hay que pensar únicamente en los recursos que apoyarán
la etapa que comprende la restauración como tal; en adición
al presupuesto proyectado para el arranque de un proyecto de restauración
ecológica, los responsables de los distintos órdenes
de gobierno deberán asegurar la sustentabilidad financiera
a largo plazo, es decir, encontrar los recursos que permitirán
mantenerlo y conservarlo.
Deben considerarse los recursos que servirán para la agenda
social paralela, la cual puede tener diversas directrices, desde
la compensación por la restricción al uso de los
recursos hasta el diseño de nuevas actividades productivas
amigables con el entorno. Recordemos que cuando el proyecto tenga
impactos negativos en la esfera social, cultural o económica,
las comunidades deben ser justamente compensadas. Las compensaciones
otorgadas deben resarcir las pérdidas que enfrentan en
sus ingresos y en sus libertades de manejo de las áreas
escogidas para la restauración. El diseño de los
proyectos debe ser incluyente, buscando no solamente que tengan
beneficios ambientales sino que mejoren efectivamente su calidad
de vida (en los términos deseables o, por lo menos, aceptables
para las comunidades) y que provean de bienes y servicios a los
propios grupos organizados, lo que ayudará a su sostenimiento
autónomo. Se debe buscar incluir estos proyectos dentro
del marco de los planes de desarrollo nacionales e internacionales.
Deben desarrollarse innovaciones financieras y sistemas gubernamentales
que optimicen las sinergias entre los proyectos de restauración
y los esfuerzos de reducción de la pobreza, pues esto ahorrará
esfuerzos gubernamentales y distribuirá los costos de los
programas. Es importante considerar una diversidad más
amplia de fuentes de financiamiento para otorgar una compensación
adecuada y justa a las comunidades pobres por su colaboración
en los bienes públicos globales (en este caso, los servicios
que prestará el ecosistema restaurado).
Responsabilidad
compartida
Es
muy importante crear alianzas con las comunidades, convirtiéndolas
en responsables solidarias del desarrollo de los proyectos, ya
que a largo plazo serán los principales agentes encargados
de vigilar y, en su caso, aprovechar los beneficios de la restauración
de un ecosistema. Se debe pensar en aumentar los mecanismos para
que las comunidades compartan activamente la toma de decisiones
y se conviertan en promotoras del proyecto.
Dentro de una comunidad dada es importante aumentar la conciencia
y el conocimiento del impacto de un proyecto de restauración,
en el ecosistema global y en la calidad de vida de las comunidades
(tanto en positivo como negativo), así como reconocer y
respetar durante los periodos de negociación y el proceso
de toma de decisiones las costumbres de los propietarios de las
tierras, previniendo futuros conflictos. También es importante
evitar la posible pérdida de tradiciones locales que les
proporcionan identidad y arraigo a su territorio. Al mismo tiempo,
es vital aumentar la transparencia y la rendición de cuentas
de los procesos de toma de decisiones; sólo así
se impedirá la suspicacia sobre las intenciones de los
objetivos ambientales. El enfoque de género es relevante
para aprovechar las ventajas de los roles que desempeña
cada sexo así como contribuir a repartir los beneficios
equitativamente.
Si esperamos una restauración ecológica exitosa,
debemos pensar en procesos más amplios del desarrollo de
la comunidad, hacer una revisión integral local y buscar
alianzas entre sectores, actores e instituciones. Todo esto es
fundamental para establecer plataformas que permitan articular
los procesos de restauración, además de que fomenta
la amplia y directa participación de las personas de las
comunidades y de sus dirigentes.
Opciones
de actividades económicas alternas.
En
diversos espacios locales en países de América Latina
se aprecian esfuerzos reales por gestar actividades económicas
rentables aprovechando los servicios ecológicos existentes
(CLADES, 2004). Hay iniciativas que han sido promovidas en forma
conjunta o a través de la interacción creativa de
ONG, empresas privadas, municipios, organizaciones campesinas
y universidades. Este tipo de proyectos requiere la participación
de productores privados, de instituciones de asesoría técnica
y financiera e incentivos públicos.
La creación de este tipo de alternativas ha respondido
a una demanda creciente por productos y servicios ecológicos
pagados a precios muy convenientes. Experiencias a gran escala,
como la venta que ha hecho Costa Rica de servicios ecológicos
de su selva tropical a países como Holanda, han sido muy
inspiradoras, como también lo ha sido la exportación
de la producción llamada “orgánica”.
En algunos países de Latinoamérica también
se lleva a cabo la cría y comercialización de carne
producida sin insumos artificiales, para el mercado europeo, la
agroindustria basada en frutos nativos diversos proveniente de
sistemas agroforestales y, más recientemente, la reforestación
para vender bonos por captación de CO y CO2. Las experiencias
basadas en la venta de servicios ecológicos han tenido
la característica que todos los que participan ganan, el
medio ambiente es protegido y la población con menos recursos
también ha podido beneficiarse, mejorándose así
la equidad.
Mas que la intervención temprana de los entes públicos
es importante movilizar a los emprendedores locales, a partir
de las buenas experiencias en otros lugares incluyendo la agricultura
orgánica y el agro-ecoturismo. La agricultura orgánica,
según información proporcionada por la FAO genera
enormes beneficios ambientales (captación de CO, retención
de materia orgánica, preservación de la biodiversidad
y enriquecimiento de la microfauna del suelo, entre otros) y entrega
productos buenos para la salud humana a uno de los mercados más
dinámicos, el rubro alimentario. El agro-ecoturismo es
una forma de relación entre el ser humano y la naturaleza
que constituye una expresión de interacción sinérgica
entre ecología y economía.
Hay una gran oportunidad para aumentar los ingresos de los pequeños
propietarios a través de este tipo de actividades económicas,
ya que en general el ingreso que obtienen de la agricultura convencional
es muy bajo, al no tener la superficie suficiente para una agricultura
de gran escala, por lo que estarían más dispuestos
a emprender proyectos que mejoren sus condiciones de vida y les
permitan mantenerse en su lugar de origen, en lugar de emigrar
en búsqueda de mejores oportunidades (véase figura
3).
Este tipo de proyectos da lugar a un conjunto de actividades económicas
complementarias de asesoría técnica, financiamiento,
seguros y transporte, entre otros, que enriquecen la vida económica
local y aumentan los ingresos públicos municipales.
A continuación, analizaremos algunas de las principales
actividades productivas que pueden derivar de un proyecto de restauración
ecológica de un ecosistema.
Ecoturismo
La
conservación y desarrollo pueden ir de la mano, en la medida
que la protección y restauración generen fuentes
de empleo locales más sustentables que la extracción
irracional de sus recursos. Sin duda, el éxito económico
que obtenga la comunidad local a través de su participación
en el ecoturismo contribuirá a un mayor apoyo por parte
de ésta a la preservación del área protegida,
lo cual constituye un elemento crucial en todo plan conservacionista.
Según el ecólogo norteamericano George Wallace (1992
citado en Ceballos- L- 1998), el turismo puede verdaderamente
denominarse "ecológico" y "ético"
cuando logra lo siguiente:
a)
Orienta hacia una percepción de las áreas naturales
tanto como "un hogar para todos nosotros" en un sentido
planetario como "un hogar para los residentes locales"
en su significado específico.
b) Conduce a un tipo de uso que minimiza los impactos negativos
tanto en el medio ambiente natural como en los habitantes locales.
c) Contribuye a la gestión de las áreas protegidas
y a mejorar los vínculos entre las comunidades locales
y los administradores de dichas zonas.
d) Propicia beneficios económicos y de otra índole
para los habitantes del lugar y maximiza su participación
en el proceso de toma de decisiones que determina el tipo y
la cantidad de turismo que debe aceptarse.
e) Promueve una auténtica interacción entre visitantes
y anfitriones, así como un interés genuino en
el desarrollo sostenible y la protección de áreas
naturales tanto en el país que se visita como en la nación
de origen del turista.
f) Suplementa o complementa prácticas tradicionales (agricultura,
ganadería, pesca, sistemas sociales, etc.) sin marginarlas
o intentar reemplazarlas, con lo que se fortalece a la economía
local y se la hace menos susceptible a cambios bruscos, internos
o externos.
g) Ofrece oportunidades especiales para que los habitantes locales
y los empleados de agencias turísticas puedan también
utilizar de manera sostenible las áreas naturales y aprender,
y apreciar, más sobre las maravillas que los visitantes
foráneos vienen a conocer.
Entre
las actividades cuyo desempeño puede ser de interés
para los pobladores en proyectos de ecoturismo se encuentran:
guías de turismo, provisión de alimentación,
alojamiento, artesanías y productos forestales no maderables.
En muchos casos es necesario contar con cierta infraestructura
necesaria –cabañas, áreas para acampar, establos,
pesebres, viveros forestales y sistemas de señalizaciones–
para convertir los senderos en una oferta de alto nivel que potencie
y articule los proyectos de conservación, servicios y productos
desarrollados localmente, sin permitir el deterioro gradual de
las áreas naturales por su uso para actividades no permisibles.
Los ingresos generados por la actividad ecoturística podrían,
en muchos casos, autofinanciar las actividades de conservación
de las zonas restauradas y/o ampliar las zonas de restauración.
En la mayoría de las áreas con potencial ecoturístico,
cualquier esfuerzo que se haga por ganar el apoyo de la población
lugareña para la conservación de los recursos naturales
deberá realizarse no sólo mediante la contratación
y adiestramiento de los habitantes locales para que se desempeñen
como guardaparques, guías ecoturísticos o prestadores
de algún otro servicio, sino también a través
de mecanismos para modificar patrones insostenibles de agricultura,
ganadería o pesca, para intensificar la producción
en áreas aledañas a las protegidas y para mejorar
los servicios públicos de vialidad, salud pública,
educación y agua potable.
Es muy importante proporcionar apoyo económico y técnico
a operaciones modestas en las áreas rurales, ya que en
éstas normalmente no hay suficiente capital ni la experiencia
y habilidades requeridas para poner en marcha una empresa ecoturística
y proporcionar los servicios que demandan los visitantes. Aún
pequeñas cantidades de capital pueden tener efectos significativos
en el empleo y recursos locales, al tiempo que favorecen la restauración
de manera significativa pues, al sumarse varias pequeñas
iniciativas en áreas vecinas, se contribuye a recuperar
la continuidad de los espacios naturales en un área dada
(Óscar Sánchez, com. personal, 2004). Esta modalidad
de inversión también tenderá a mantener los
beneficios económicos dentro de la economía local.
En México, el Fondo Nacional de Fomento del Turismo (FONATUR)
ha realizado este tipo de esfuerzos en diversas localidades (dos
casos concretos son Mazunte en Oaxaca y los Altos de Chiapas).
(Ceballos 1998).
El
pago por servicios ambientales.
El pago de servicios ambientales (PSA) es un tema nuevo en muchos
países de América Latina y el Caribe. Una gran cantidad
de agencias, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil analizan
esta opción como una estrategia que articula los objetivos
de eliminar la pobreza rural y de conservar el medio ambiente.
Sin embargo, la instrumentación de esta alternativa no
es sencilla, pues los mercados para estos servicios solo existen
incipientemente y falta aún mucho que explorar y aprender
en materia de instituciones, mecanismos, métodos e instrumentos.
Entendemos los servicios ambientales como los beneficios que obtiene
la sociedad, en su acepción general, de los recursos naturales,
tales como la provisión y la calidad del agua, la captura
de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos
naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros
(SAGARPA, 2004). Cuando restauramos un ecosistema, restituimos
también su capacidad de brindar estos servicios, pero no
debe olvidarse que tales espacios eran ocupados por campesinos,
pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios
y propietarios de bosques, o comunidades indígenas. Esta
situación abre interesantes perspectivas para proponer
a esos grupos humanos alternativas productivas y de ingreso económico
a través de los servicios ambientales, que son novedosas,
amigables con el ambiente y no excluyentes, situando el tema en
una “corriente central”, de uso sostenible e inteligente
de los recursos naturales (Espinoza-Gatica-Smyle, 1999)
Los servicios ambientales son aquellos que brindan, principal
pero no exclusivamente, las áreas silvestres (sean bosques,
pantanos y humedales, arrecifes, manglares, llanuras, sabanas),
es decir, las áreas que en su conjunto conforman ecosistemas,
paisajes, cuencas hidrográficas y eco-regiones. Estos servicios
todavía no se valoran adecuadamente y en general no se
pagan, con excepción de unos pocos países. Estos
servicios son, entre otros, los siguientes: (i) mitigación
de las emisiones de gases con efecto invernadero; (ii) conservación
de la biodiversidad; (iii) protección de recursos hídricos,
en términos de calidad, distribución en el tiempo
y cantidad de agua; (iv) belleza escénica y (v) mitigación
de los impactos de desastres asociados con fenómenos naturales
(Espinoza-Gatica-Smyle, 1999). Podemos incluir también
la conservación de suelos, conservación de los ciclos
biogeoquímicos, producción de O2.
En términos generales, quienes financian los servicios
ambientales son aquellos agentes pagadores de dichos servicios
que: (i) para el caso de los proyectos de fijación, reducción
y almacenamiento de carbono, se ubican en países donde
la legislación vigente está regida por el principio
de quien contamina paga; (ii) para proyectos de prospección
de la biodiversidad, han llegado a ser financiados por empresas
farmaceúticas nacionales e internacionales, a algún
instituto o laboratorio local, en busca de información
sobre especies, especímenes y principios activos, para
desarrollo de fármacos u otros productos; (iii) en proyectos
de belleza escénica, son las empresas turísticas
y visitantes de parques y de diferentes categorías de áreas
protegidas, los que pagan el servicio; (iv) en el caso de proyectos
sobre protección de recursos hídricos, el financiamiento
puede provenir de empresas de generación y distribución
de energía hidroeléctrica, agua potable para consumo
humano, uso industrial y para riego; o (v) los mismos ciudadanos
de los países donde hay conciencia sobre la necesidad de
cobrar los costos de la degradación de los recursos naturales
y de pagar el valor que los servicios ambientales, aportan a la
ciudadanía y al mundo.
Los recursos financieros, bienes u otro tipo de recursos generados
por el pago de los servicios ambientales podrían tener
varios destinos, ingresos monetarios para los propietarios de
los territorios donados o cedidos para la realización de
un determinado proyecto de restauración; ingresos monetarios;
equipamiento para las comunidades indígenas en caso de
tierras comunales, así como para refinanciar el propio
proyecto de restauración o su ampliación.
Agroturismo
Una
opción de desarrollo, en sectores rurales, es el impulso
al turismo rural y agroturismo, orientado inicialmente a segmentos
poblacionales del mercado interno y ocasionalmente, a extranjeros
de paso en el país que se interesan particularmente por
la cultura rural. Entre las múltiples actividades relacionadas
con el turismo están las producciones de artesanías
de tradición local, la producción de conservas artesanales
de productos hortofrutícolas, y en general, la posibilidad
de apertura del mundo rural para ser conocido en todas sus expresiones.
Por turismo rural se entiende una actividad turística que
se desarrolla en un espacio rural y que consiste en retornar al
conocimiento de este entorno, viviendo y participando de la cultura
propia de sus habitantes, y que permite practicar ciertas actividades
simples (cuidado de animales, recolección de frutos) y
deportes que propician el contacto con la naturaleza (senderismo,
rutas en bicicleta o a caballo), o simplemente la contemplación
de los paisajes.
El agroturismo puede incluir el alojamiento compartido o independiente
en la vivienda de los propietarios locales, dedicados a la actividad
ganadera, agrícola o forestal. Se trata de reactivar las
zonas más deprimidas con una mejora de su calidad de vida,
complementando las actividades económicas tradicionales
con las turísticas. Además es una actividad que
integra a toda la familia campesina y resguarda sus costumbres
y tradiciones. La idea es que la agricultura familiar campesina
tenga nuevas alternativas de negocio, a través de las cuales
pueda complementar y/o diversificar sus ingresos.
Cualquiera que sea la actividad económica propuesta a la
comunidad es importante mantener el objetivo de preservar a largo
plazo los resultados de la restauración, por lo que las
actividades que mantengan la interacción con la zona restaurada
debe planificarse para no sobrepasar la capacidad de carga del
ecosistema. El concepto de capacidad de carga sirve de base objetiva
para definir la sustentabilidad de las actividades económicas.
Consideraciones
finales
Cuando
un proyecto de restauración ecológica tiene un cierto
impacto (positivo o negativo), en una o varias comunidades, debe
pensarse en la manera de involucrar a la sociedad en todas sus
fases de desarrollo y crear compromisos a largo plazo. Conocer
a la comunidad con la que se va a trabajar es muy importante,
ya que así podemos incrementar sus potencialidades y crear
proyectos acordes a su realidad cultural, social y económica.
Con esto evitaremos posibles conflictos y aseguraremos un programa
incluyente.
Si se afectan intereses privados o comunitarios, debe pensarse
en programas alternos que ayuden a compensar y, si es posible,
mejorar la situación de los pobladores. También
es deseable impulsar proyectos rentables que propicien la conservación
de las zonas restauradas y que incentiven la participación
social en la vigilancia y expansión de las mismas.
La sustentabilidad de un proyecto determinado recae en la capacidad
de considerar las necesidades locales y la posibilidad de adecuarlas
a los objetivos ambientales esperados, buscando una relación
armónica a largo plazo y un balance costo-beneficio viable,
que pueda alargar su vida útil.
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LEY
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, Articulo 3, Legislación
Federal vigente al 28 de Junio de 2004.
Figura 1.
Ámbitos a considerar
Figura
2.
Fuente: elaboración propia con datos de
SAGARPA, 2003.
Figura
3.
Fuente:
elaboración propia con datos de SAGARPA, 2003.
